Pedro Sánchez anuncia 1.000 días más de sanchismo, hasta la próxima cita electoral. Esta es su respuesta a todos los escándalos de corrupción que se le van acumulando al one, con todo su entorno bajo sospecha y media familia imputada. Pero le da igual. Hay obligaciones morales y materiales. A las primeras te obligas, a las segundas te obligan. Es decir, una persona honrada se obliga a sí misma a no robar, mientras que a un ladrón lo tiene que detener la policía, recuperar lo robado y llevarlo a una celda. Todo esto sucede porque el ladrón es materialmente obligado a entregar lo robado y es materialmente conducido a comisaría, no porque él quiera. Pues bien, para Pedro Sánchez sólo existen límites materiales. En ausencia de una autoridad que le obligue a respetar algún límite, para Sánchez no hay ningún límite moral. El Fiscal General del Estado acaba de ser imputado pero da igual. Ni el Fiscal dimite, ni Sánchez se lo exige. Todo lo contrario, el gobierno respalda al Fiscal y anuncia 1.000 días más de sanchismo. En realidad es lógico, ¿de quién depende el Fiscal General? El gobierno se respalda a sí mismo tanto o más que al fiscal. ¿Qué tiene que pasar para que Sánchez asuma o exija alguna responsabilidad política dentro de su lado del muro? Da igual lo que suceda, para Sánchez no existe otra obligación que la que se le pueda imponer desde un punto de vista material. Sánchez no dejará el poder más que obligado a dejar el poder.
La imputación del Fiscal General del Estado es un bochorno, pero es lo mismo. Aquí ya no importa que el principal encargado de perseguir el delito pueda ser un delincuente, porque la división no es entre honrados y delincuentes sino entre los nuestros y el enemigo. La defensa que está llevando a cabo el gobierno del Fiscal General resulta en este sentido de lo más reveladora y descriptiva. En primer lugar ya es llamativo que el gobierno salga en defensa del Fiscal en vez de reclamar su dimisión, en defensa de la imagen de la institución. En segundo lugar, el gobierno no está defendiendo la inocencia del Fiscal, sino justificando su culpabilidad. Esto es un hecho de la mayor gravedad. O sea, el gobierno reconoce que el Fiscal delinquió y que violó la ley y el derecho de la pareja de Ayuso haciendo públicos ciertos datos, pero lo justifica alegando que también el novio de Ayuso es un delincuente. Esto significa que los delincuentes por lo visto no tienen derechos en el estado de derecho español, que los fiscales no tienen límites legales para actuar, o que los límites legales se respetan o no depende la ideología del que ve atropellados sus derechos o de la ideología del atropellador.
Frente a esto que la pareja de Ayuso sea o no un defraudador confeso en realidad es un asunto menor. Es decir, es mucho más grave abolir el estado de derecho que el posible fraude a Hacienda de un particular. Por lo demás tampoco es cierto que la pareja de Ayuso sea un defraudador confeso. La pareja de Ayuso llegó a un acuerdo por el que se inculpaba de un delito a cambio de una pena, en el momento en que se rompe el acuerdo también decae la autoinculpación.
Desde luego no es tampoco el sanchismo el más adecuado para dar lecciones sobre la ejemplaridad de las relaciones con Hacienda en lo tocante a sus familiares y seres queridos, o del entorno personal o político más próximo. Pero en este sentido también cabe subrayar algo obvio. El gobierno no responde ante el PP, sino ante los ciudadanos y la ley. La defensa del PSOE o de sus terminales mediáticos, por consiguiente, no puede ser señalar la corrupción del PP, como si una cosa lavara la otra, como si la corrupción del PP le diera derecho al PSOE a robar, como si ahora el PSOE tuviera un imaginario turno de robar, le tocara y estuviera en su derecho de robar hasta el próximo cambio de turno, dentro de 1.000 días. No existe tal turno ni tal derecho a robar y es ante los españoles y ante la ley y no sólo ante el PP u otros partidos ante quien el PSOE se tiene que justificar.
Por lo demás, está claro que cuando Sánchez anuncia 1.000 días más de legislatura expresa que la mejor estrategia de defensa es el poder. Volviendo al principio, no abandonará el poder más que cuando materialmente se le obligue a abandonarlo. Da igual lo que suceda entretanto. Entretanto, lo que va a suceder es que hará lo que sea para aguantar los 1.000 días. Su defensa personal va a estar mucho mejor asegurada desde el poder que fuera del poder, y la mejor defensa frente al escándalo de hoy es dejarlo enfriar 1.000 días. ¿De qué hablábamos hace 1.000 días? ¿De qué hablaremos dentro de otros 1.000? Puede que no los aguante porque no todo depende del one, pero si puede aferrarse al poder aguantará 1.000 ó 10.000. Sin ningún límite moral. Lo que pasa es que a veces para triunfar no basta con ser amoral. Eso sí, cada día más que pasa Pedro Sánchez en el poder rebaja un poco más la calidad democrática de este país. Tal vez piense que si rebaja lo bastante la calidad democrática dentro de 1.000 días tampoco se tenga que ir.
