Mucho se está hablando desde el poder de lo necesario que es vigilar, limitar y perseguir lo que publican los medios o lo que dice la gente en las redes sociales. El gobierno tampoco se está privando de juzgar lo que hacen los jueces, de decirles lo que tienen que sentenciar, o de indicarles si tienen que archivar o dejar de archivar un caso porque lo diga el marido de la investigada. Precisamente la Audiencia Provincial de Madrid acaba de refrendar la investigación del juez Peinado sobre el caso Begoña Gómez. Hay caso, aunque el muy imparcial marido de la investigada diga que no.
En todo el asunto de Begoña Gómez, debemos precisar que no estamos ante una condena sino ante una investigación. Es decir, que a lo que se están oponiendo el presidente del gobierno y todos sus subornidados políticos y mediáticos es al mero hecho de que se investigue a Begoña Gómez. Como si el presidente o su mujer pudieran vivir al margen de la ley, cual mandarines absolutistas. El malvado juez Peinado, al que el propio Sánchez acusa de prevaricación, puede perfectamente acabar determinando la inocencia de Begoña Gómez. Lo único que está haciendo de momento es investigar. ¿Cómo se puede pretender en una democracia que al presidente o a su mujer no se les pueda siquiera investigar?
Puede que el caso de Begoña Gómez tenga consecuencias penales o puede que no, pero hay dos cosas que ya han quedado claras a estas alturas. La primera que lo hecho por Begoña Gómez es totalmente intolerable desde el punto de vista de la ética y la estética. Si no es corrupción, es su antesala. La mujer del presidente del gobierno no puede dedicarse a conseguir fondos del gobierno. Si esto es legal, habrá que pensar en un estatuto de los cónyuges de los mandatarios para establecer una serie de incompatibilidades y delimitar con una cierta lógica su actividad. En segundo lugar, el caso Begoña Gómez ha puesto en evidencia comportamientos intolerables y totalitarios por parte del poder. La Fiscalía, Hacienda o los medios públicos no se pueden convertir en meros instrumentos de parte para defensa de la mujer del presidente o su hermano.
El estado no es Pedro Sánchez. El ejecutivo y el legislativo no se pueden poner al servicio del presidente cargando contra el poder judicial. Los Presupuestos Generales del Estado tampoco se pueden poner al servicio de la defensa particular de la mujer del presidente. Si la mujer del presidente ha obrado mal, el interés del estado es justamente perseguir esa actuación. Para determinar si la mujer del presidente ha obrado mal, debe ser una justicia independiente desde la separación de poderes quien lo deba determinar. Si la mujer del presidente debe ser investigada, o si es inocente, o si hay que perseguir a los medios que informan sobre las actividades de la mujer del presidente, el presidente debería poder ser el último en opinar, por su interés personal en esta cuestión. Pedro Sánchez se pretende convertir sin embargo en el primero y único en poder opinar, como un dictador.
Por el momento, no sólo es que la Audiencia Provincial de Madrid haya determinado que en lo que respecta a Begoña Gómez el juez Peinado tiene razón y hay caso que investigar, al margen de la inocencia o culpabilidad final, sino que la Justicia también ha determinado que lo publicado sobre Begoña Gómez es cierto y no se trata de bulos ni de fake news. Es decir, de todo lo publicado y de todo lo investigado puede que se deduzca una condena penal o no, pero todo lo publicado e investigado es verdad. Lo publicado sobre la mujer del presidente puede no ser delito, puede ser sólo algo antiestético, antiético o inoportuno, pero no es mentira. Lo que es mentira es negar la verdad o acusar a los medios falsamente de mentir. Son las mentiras del gobierno las que urge poner bajo control.
Puede que Begoña Gómez sea penalmente condenada o no aunque sus actividades sean reprobables, porque no todo lo moralmente reprobable es penalmente sancionable, pero ni los medios han mentido ni la justicia ha prevaricado. Sin embargo, lo seguro es que del caso Begoña vamos a salir menos libres porque, como consecuencia de la investigación a su mujer, una investigación que en una democracia no se puede ni se debe evitar, el marido de la imputada nos ha impuesto como castigo una ley para perseguir y limitar la libertad de expresión. Esto tampoco tendrá seguramente una trascendencia penal, pero electoralmente debería ser su final. Al menos si la sociedad española defiende su libertad.
