Pueden parecer noticias no demasiado importantes. De hecho, no han alcanzado gran relevancia en los medios. Sin embargo, se trata de decisiones de la Justicia que ayudan mucho a esclarecer las intenciones autoritarias del mandarinato sanchista. Así, por ejemplo, la Justicia ha tumbado la demanda que Begoña Gómez había interpuesto contra El Confidencial por las informaciones publicadas por este medio respecto a sus actividades. No sólo eso, sino que la ha condenado en costas. Nada es un bulo de todo lo publicado sobre los vínculos de Begoña Gómez con Globalia y Air Europa, sobre su apoyo a una UTE del empresario Juan Carlos Barrabés en dos concursos del organismo público Red.es, ni respecto al registro a nombre de Begoña Gómez de un software valorado en 150.000 euros que Indra, Google y Telefónica desarrollaron para la Universidad Complutense de Madrid. Si todo esto tiene relevancia penal o no lo decidirán los tribunales, igual que los ciudadanos decidiremos al margen de ello si tiene relevancia ética o electoral, pero en cualquier caso lo publicado es verdad. Ni se trata de bulos, ni quien tiene que sentenciar o decidir si hay que investigar a Begoña Gómez es el marido de Begoña Gómez. No somos una tiranía sanchista, seguimos viviendo en una democracia imperfecta aún.
La Justicia también se acaba de pronunciar sobre una querella de Abalos contra The Objective, referida a las informaciones sobre los motivos de su salida del gobierno, sus gastos, su estilo de vida, sus viajes y sus costumbres. Aunque también Abalos se justificaba asegurando que todo lo publicado contra él eran bulos, para la Justicia las noticias pubicadas eran “información contrastada” proveniente de “fuentes solventes”.
Los pronunciamientos anteriores suponen un tanto para los medios digitales y un menoscabo para todos aquellos que tratan de desacreditarlos, extendiendo sobre ellos la mancha de la sospecha al hablar de ellos como propagadores de bulos o maquinaria del fango. Cuando es la Justicia la que se pronuncia, lo que nos encontramos es que no son los medios en general los que mienten, sino que son los afectados por informaciones veraces que les perjudican quienes falsamente acusan de mentir a los medios, o quienes difaman a los medios para tratar de tapar su responsabilidad (política o penal) o proteger su reputación.
Lo que sentencias como las anteriores dejan en evidencia es que no estamos ante una situación en que los gobernantes son víctimas de una campaña de falsas acusaciones y bulos, de la que hay que proteger a los gobernantes, sino que estamos más bien ante una campaña de bulos y falsas acusaciones de los gobernantes contra los medios, y que a quien habría que proteger es a los medios.
Contra las calumnias y las injurias ya existen leyes. Los gobernantes ya tienen por tanto medios para defender de posibles falsas acusaciones. Disponen además del derecho de rectificación, el cual también lo pueden ejercer en los medios que publican noticias con las que no están de acuerdo para ofrecer su propia versión de los hechos. El problema para el gobierno no es que no haya actualmente herramientas para proteger al gobernante de posibles bulos o calumnias, el problema para el gobierno es la independencia de quien juzga si estamos ante un bulo o una información veraz. Lo que pretende el gobierno es ser juez y parte en los procesos contra el gobierno, de forma que sea el propio gobierno, o alguien dependiente del gobierno, quien determine lo que es bulo o no, para poder calificar de bulo cualquier noticia que perjudique al gobierno, y para poder entonces perseguir a cualquiera que publique algo que perjudique al gobierno.
Si las sentencias que está dictando la Justicia estuvieran dando la razón al gobierno, todavía se podría dudar si estamos siquiera en el marco que pretende el gobierno, el marco de una campaña de bulos y calumnias contra el gobierno. Si tal marco fuera real, aún cabría preguntarse sobre la conveniencia de establecer alguna limitación sobre la libertad de expresión. Incluso aunque ese marco fuera real, sería muy dudoso que conviniera tomar medidas contra la libertad de expresión. Los riesgos de limitar la libertad de expresión suelen ser mucho mayores que los de soportar algunos de sus excesos, sobre todo cuando lo que se debate es limitar la libertad de expresión en el caso particular de las críticas al gobierno. Lo que ocurre es que, al no estar dando la Justicia la razón al gobierno, lo que sucede es que se revela la falsedad del marco que nos pretende vender el gobierno. No hay una campaña de bulos. No existe una maquinaria del fango. No hay un problema con el funcionamiento de los medios. Lo que existe es un gobierno que no acepta la crítica, que llama bulo a todas las informaciones que no le gustan, que pretende perseguir a los periodistas que no forman parte del equipo olímpico gubernamental de opinión sincronizada, y al que tampoco le gusta la independencia de la Justicia. Es del gobierno y de sus tics autoritarios de quien tenemos que protegernos.
