Cualquier ley mordaza es inaceptable, y una ley mordaza feroz es lo que pretende imponer Sánchez bajo la falsa apariencia de una mera transposición de una vaporosa directiva europea. En una democracia no es al gobierno al que se le protege de los ciudadanos sino a la inversa. Pero es que, además de la indeseabilidad por sí de una ley mordaza, Pedro Sánchez es la persona menos indicada posible para impulsarla. Hay quien justifica a Sánchez por la situación que atraviesan su esposa o su hermano, pero es que es justo lo contrario. Si hay un gobernante que no se puede poner a redactar una ley mordaza es precisamente uno que tiene a su mujer o a su hermano imputados. No puede ser juez y parte. No puede preparar una ley para resolver su situación familiar o para perseguir a jueces y periodistas por un caso que le afecta a nivel personal.
Ni es aceptable por tanto la ley por su contenido, ni lo es por la ocasión, la motivación, ni la persona que la impulsa y su situación. Sánchez ni puede erigirse en juez para determinar la inocencia o culpabilidad de sus familiares, estableciendo que no hay materia digna de ser investigada y que debe archivarse, ni puede erigirse en autoridad para determinar lo que es verdad y lo que deben decir los medios, exponiéndose en caso contrario a perder la financiación pública o incluso a merecer un reproche penal. Sánchez no puede erigirse en el que juzga lo que es legal, en el que decide lo que es verdad, el que determina lo que es un medio o un pseudomedio, el que proporciona o corta la financiación, y en el que establece olímpicamente lo que hay que publicar o callar. No sólo es que ninguna persona, por destacada que fuera, debe reunir en democracia semejante poder, sino que Sánchez es la persona menos indicada para ostentar tal potestad.
Ya mucho antes del caso Begoña, Sánchez dio muestras palpables de ser un sujeto peligroso para la democracia y la libertad. En este sentido, resulta llamativo el testimonio que está ofreciendo estos días David Alandete, ex director adjunto hasta 2018 de el diario El País. O sea, no hablamos de un pseudo medio o de la máquina del fango de la extrema derecha. Si para un izquierdista El País es un pseudomedio y un engranaje de la maquinaria del fango de la extrema derecha, los únicos medios aceptables serían el Gara y el canal de Pablo Iglesias. A lo mejor es lo que la nueva legislación sanchista busca y desea.
Sea como sea, Alandete relata una situación escalofriante en la que Sánchez se revela como un sujeto peligroso para la libertad y con tics claramente dictatoriales. Antes de llegar a la presidencia mediante la moción de censura, Alandete cuenta que Sánchez le llamó exigiéndole de malas maneras el cambio de un titular que no le había gustado. Al negarse Alandete a tan pintoresca exigencia, Sánchez habló con los superiores de Alandete. Cuando en 2018 Sánchez accedió la la presidencia, Alandete recibe de Abalos la noticia de que va a ser purgado. Otros 15 periodistas de El País son purgados en la redacción de El País con el ascenso de Sánchez al poder para pasar de un medio favorable a uno incondicional. Si todo esto resultaría inquietante en cualquier caso, el relato se agrava por el hecho de que estamos hablando de el diario El País y de que quien relata lo sucedido sea su propio director adjunto. Si esto hizo Sánchez con El País, ¿qué no puede pasar y cómo puede tratar a medios mucho más críticos?
Como en toda buena tiranía, satisfacer al tirano puede ser tan rentable como arriesgado el llevarle la contraria. Sánchez no disimula que el dinero público, el dinero de todos, será usado para premiar o castigar a los medios según sus informaciones satisfagan o enfurezcan al inquilino de la Moncloa. Sánchez, o los organismos colonizados por Sánchez, decidirán qué es verdad y qué es un bulo, qué es un medio y qué es un pseudo-medio, y consiguientemente quién recibe y quién no recibe dinero.
El relato de Alandete confirma que nos encontramos ante una persona cuyos tics autoritarios vienen de lejos, siendo anteriores a su llegada a la presidencia y al caso Begoña. Su llegada a la presidencia simplemente ha servido para proporcionarle el poder y los mecanismos para recompensar o represaliar a los medios según le complazcan o lo enfurezcan. Alaba a Sánchez o calla. La situación sería menos grave si al menos un derecho constitucional fundamental, como es la libertad de expresión, no dependiera de un Tribunal Constitucional manifiestamente colonizado por el sanchismo. Los contrapoderes del estado no parecen importantes cuando al frente del gobierno no se encuentra una persona con instintos tiránicos, pero enfrentamos una situación en la que esos contrapoderes han sido desmantelados y al frente del gobierno, como refiere el ex director adjunto de El País purgado por Sánchez, tenemos una persona con un perfil notablemente liberticida y autoritario. Sánchez no está colocando a sus peones ni dotándose de recursos extraordinarios para no usarlos.
