La noticia es que, un año más, al poco de empezar a ofrecerse, se han agotado las plazas disponibles para las visitas guiadas en castellano a la Casa Consistorial, con motivo del Privilegio de la Unión.
Agotadas en dos horas las visitas guiadas en castellano a la Casa Consistorial con motivo del Privilegio de la Uniónhttps://t.co/wAQkPmwroi
— Diario de Noticias (@NoticiasNavarra) August 28, 2024
Entrando en el detalle, observamos que el Ayuntamiento de Pamplona ofertó 780 plazas para poder hacer las visitas, divididas en 26 tandas: 16 en castellano y 10 en euskera, con 30 plazas en cada una de ellas.
Lo que sabemos es que a las dos horas de ofrecerse, o sea que casi de inmediato, se han agotado las plazas para visitas en español, pero quedan plazas para las visitas en euskera. No se nos específica cuántas plazas quedan en euskera mientras faltan en español.
También sabemos, acaso porque entonces no gobernaba Bildu, que en 2022, con la misma ocasión, el Ayuntamiento de Pamplona ofreció 600 plazas en español, que también se agotaron de inmediato, y 200 plazas en euskera, de las que sólo se completaron 15.
De las 600 plazas para visitar el Ayuntamiento de #Pamplona en español, se han cubierto las 600 en cuatro días.
— el vecino de نxue (@elvecinodeUxue) August 29, 2022
De las 200 plazas en euskera, se han cubierto 15.#DemandaSocial de #Cientosdemiles#Lenguamuertaconectadaalrespiradordelasubvención https://t.co/tr8q8NEYfA
Asistimos por tanto a una oferta de plazas que no responde a la demanda y que discrimina y deja fuera a los castellanohablantes. La oferta no trata de responder a la demanda de los pamploneses, ni a la realidad lingüística de Pamplona, sino que trata de inflar la demanda aparente del euskera. Una vez más, con el nacionalismo gobernando, de lo que se trata no es de que la gente pueda elegir, o de que la política lingüística sea un reflejo de la realidad lingüística, sino de que la realidad lingüística se convierta en un reflejo de la política lingüística.
Esta claro que en el Ayuntamiento de Pamplona se discrimina a los ciudadanos por su lengua. Pero no a los ciudadanos que hablan euskera, sino a los que hablan en español.