Nunca en la historia de nuestra democracia ha habido una unanimidad tal entre las distintas entidades del estado respecto del rumbo del gobierno. Medios de comunicación independientes, judicatura, fiscalía, colegios de abogados y políticos de la oposición denuncian la inconstitucionalidad de la ley de amnistía: está en vilo la unidad de España, se derrumba nuestro sistema constitucional y vamos camino a una dictadura disfrazada de democracia. No podemos dejar de preguntarnos, por tanto, que si realmente el rumbo de este gobierno está abocándonos a tan grave extremo, cómo apenas ha habido debate alguno sobre la posibilidad de que Su Majestad el Rey Felipe VI, como máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, apele al artículo 8 de la constitución, que reza así: “Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.” No se ha producido este debate a fondo, (aparte alguna voz aislada como la del abogado que se ha personado como acusación popular contra la esposa de Sánchez, Aitor Guisasola), porque tenemos un miedo visceral al poder mediático de la izquierda y a los complejos de la derecha.
De la confianza a que Europa nos saque de este callejón se colige la debilidad de España como país y como democracia. Acercando más la lupa, se colige la desconfianza lógica hacia el Tribunal Constitucional, que se sabe controlado por el Gobierno. De tal manera que Libertad Digital publicó el año pasado que el mismo presidente Conde Pumpido ha colaborado en la redacción de la ley de amnistía.
Pero aunque sea lícito confiar también en la respuesta europea, ¿sabemos qué margen de maniobra real tiene para detener la perpetuación de un régimen inconstitucional, con un gobierno que controle medios de comunicación, jueces y procesos electorales? ¿Qué puede hacer Europa si España acaba en el nivel de corrupción y pobreza de Venezuela, Colombia, Cuba? ¿Tenemos que esperar cuánto, a qué distancia de esos paraísos del comunismo? No veo siquiera en la oposición a nadie que nos lo haya explicado como para dejarnos tranquilos.
No podemos ni debemos ser ingenuos. Todas las dictaduras socialcomunistas se han valido de la tranquilidad de la clase media, que dice que aquí no se llegará tan lejos. Recordemos que en Venezuela Guaidó ganó las elecciones y hoy está exiliado en EEUU. ¿Alguien cree que si nadie le pone freno Pedro Sánchez no va a seguir en su ansia de controlar jueces, periodistas y a la misma INDRA, encargada del conteo electoral?
En primer lugar, es vox populi que en el texto constitucional hay contradicciones que se aceptaron para contentar a los nacionalistas. Pero en todo texto coherente (y la Constitución ha de serlo) hay una lógica que impera cuando algunos extremos entran en conflicto. Y en nuestra constitución parece evidente que la unidad de España es un sustrato irrenunciable, pues se reconoce incluso como anterior a la propia constitución. Por tanto, nuestro monarca debería en último término poner la mirada en la unidad de España y en el respeto al orden constitucional.
En segundo lugar, si el texto constitucional nace precisamente para que no reine la arbitrariedad y los intereses particulares, ha de tener recursos para salvarlo en los casos más graves en los que, incluso por sus propias contradicciones (como es vaciar al gobierno central de competencias bajo una apariencia de unidad), ha de estar por encima la prevalencia de los principios sustanciales. Y no cabe duda, como decíamos arriba si atendemos a las múltiples voces críticas despertadas, de que estamos en ese caso. La única seria duda es, de hecho, si el Tribunal Constitucional va a tragar, que se calcula que sí tragará. Es más: no sólo creo que el rey está en su derecho constitucional de disolver este gobierno, sino de que llega tarde. Ya la legalización de la ETA bajo el nombre de Bildu fue un acto político, como reconoce ahora Rodríguez Zapatero, disfrazado de magistratura. Recordemos que el Tribunal Constitucional se dividió en dos y ganó gracias al voto de su entonces presidente. Rodríguez Zapatero no tiene ahora pudor en reconocer que se hizo eso para que quienes apoyaban el terrorismo discurrieran de nuevo en el juego político. Decir que en el País Vasco y Navarra se guarda el orden constitucional, sólo con el éxodo que se produjo en la primera comunidad principalmente y con el chantaje de la violencia en ambas es de risa.
Pero volvamos a esta reflexión que el acomplejado firmante no se ha atrevido a plantear hasta ahora, la noche anterior a que se apruebe la inconstitucional ley de amnistía por el Gobierno de la presidenta Begoña Gómez, que diría López. Vamos a dejar a un lado el debate sobre cómo es posible que la ley, que nunca tiene carácter retroactivo, pueda dedicarse a borrar delitos tan graves por el único motivo de un inventado mágico elixir que nos traerá la paz, y que esconde la evidencia de que es una vulgar compra de votos para mantenerse en el poder.
¿Puede el rey negarse a firmar? Hay una escena cómica de Jardiel Poncela en Los ladrones somos gente honrada en la que se oye un tiro y un personaje le dice a otro: “¡Han podido matarte!” y el otro, impasible e incólume, le responde “No, no han podido”. El humor a veces dice más de la realidad que un notario: por supuesto que el rey puede no firmar: naturalmente que “puede”.
Si el rey se negara a firmar esa ley bajo los presupuestos descritos, según el artículo 8 de nuestra constitución, y como cúspide jerárquica de las Fuerzas Armadas, es evidente que lanzaría un muy personal órdago, pero tan evidente es eso como que el rey al final es una persona, que tiene conciencia individual e inviolable y que tiene todo el derecho a interpretar su papel dado en la constitución. Hagamos una pregunta sincera: si en Venezuela en algún momento alguien hubiera podido dar un paso semejante para evitar la dictadura que se cierne sobre el país, ¿no estaría más que justificado?
Lo que leo en contra del papel activo del rey, como un artículo de José Antonio Zarzalejos, se basa enteramente en el funcionamiento dentro del orden constitucional. Pero si el rey ve sin ninguna duda (como es muy probable que lo ve dada su reacción tras el golpe de estado catalán) que se está volando un principio tan elemental como la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley (y con la extrema gravedad de indultar a quienes intentaron hacer añicos la unidad de España y su orden constitucional), ¿qué más da que “de los actos del Rey serán responsables las personas que los defienden”? ¿Le exime eso de que quiera no realizar un acto que conduce a la ruptura del orden constitucional? Que entre sus diez funciones esté la de “sancionar y promulgar las leyes” (artículo 62), eso no puede obligarle a firmar cualquier cosa. ¿Por qué entonces está ese artículo 8 de la Constitución que citábamos arriba? ¿No deja entrever este artículo 8 que en la práctica, a pesar de la Constitución, la realidad política puede haberse trocado en inconstitucional aun cumpliéndose aparentemente los trámites legislativos?
Lo que escucho en contra del papel activo del rey ya no es tanto si eso es constitucional o no, sino si sus consecuencias perjudicarían al constitucionalismo. Vayamos al grano para no extendernos demasiado: si el rey hiciera eso, una mayoría de españoles le aclamaría, como le aclamó en la calle el día en que motu proprio salió en defensa de la unidad de España tras el golpe de estado en Cataluña. Incluso para él, que no puede ser ingenuo respecto de su futuro de seguir este proceso en marcha, hacer valer su papel como aglutinador de la unidad y la defensa del orden constitucional despejaría dudas sobre el futuro de la monarquía. Y en todo caso, obligaría a una convocatoria electoral, en la que el pueblo soberano decidiría de una vez si quiere seguir jugando al eterno adolescente que quiere matar a su patria o la quiere sacar del incendio.
