Uno de los bulos favoritos de la maquinaria de fango izquierdista es el de que el PP tiene bloqueada inconstitucionalmente la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que ese bloqueo es una especie de golpe de estado, un fraude democrático y una situación intolerable que debe ser subsanada como sea, por ejemplo cambiando la Ley Orgánica del Poder Judicial para que sea el bloque sanchista quien elija los jueces a capricho. ¿Hay en todas estas afirmaciones un átomo de verdad? Interesa analizarlo porque nos encontramos en plena ofensiva para que el gobierno tome el control del poder judicial.
Para empezar, ya la Ley Orgánica del Poder Judicial actual es una perversión (realizada por el PSOE en tiempos de Felipe González) de lo previsto por la Constitución, ya que esta prevé que de los 20 vocales del CGPJ sólo 4 sean elegidos por el Congreso y otros 4 por el Senado, siendo los otros 12 vocales elegidos por los propios jueces. Sin embargo, el PSOE usó la LOPJ para hacer que los 20 miembros fueran elegidos por los políticos: 10 por el Congreso y 10 por el Senado. Al menos se respetó la necesidad de que los nombramientos requirieran un apoyo de 3/5 de las cámaras. ¿Cómo se toleró esta mutación constitucional? Pues como siempre, como ahora, porque si controlas el Tribunal Constitucional, la Constitución deja de decir lo que dice para decir lo que diga el Tribunal Constitucional.
Merece la pena detenerse un momento a pensar en el despropósito de que los políticos nombren a los jueces y en la mayoría de 3/5 para que puedan hacerlo. No hay justicia si no existe independencia judicial. El que juzga y el juzgado no puede ser el mismo. Una de las partes juzgadas no puede ser la que nombre al juez. Esto es evidente para todo el mundo y también para el gobierno. Un juez nombrado por el gobierno no es imparcial ni cuando juzga al gobierno ni cuando juzga a los enemigos del gobierno.
La Constitución establece un sistema de contrapesos para que los políticos no estén absolutamente excluidos del nombramiento de los jueces, evitando por otro lado dotar a los jueces de un poder absoluto. Así, los políticos deberían nombrar 8 de los vocales del CGPJ, órgano del que a su vez dependen luego los nombramientos en el Tribunal Supremo, pero aparte de que los otros 12 vocales los deberían nombrar los jueces, de los 8 que nombran los políticos 4 los nombra el Congreso y 4 el Senado, cámara que como ahora ni siquiera tiene porqué tener la misma mayoría. Además, se exige un mayoría reforzada de 3/5 para aprobar los nombramientos. Esto significa que salvo un gobierno con una mayoría abrumadora los nombramientos se van a tener que consensuar siempre entre la oposición y el gobierno, por lo que cualquier acuerdo exige o un reparto de los nombramientos o consensuar unas personas apartidistas e independientes. Lamentablemente los políticos optaron por lo primero, pero al menos se atenuaba el poder de los políticos. Como decíamos el PSOE ya atentó contra este sistema de contrapesos haciendo que las cámaras nombraran a los 20 vocales en vez de sólo a 8, pero con eso y con todo seguía habiendo un cierto sistema de contrapesos por la mayoría de 3/5.
¿Por qué la Constitución prevé esta mayoría reforzada? Porque considera, con razón, que es mejor un bloqueo a que el gobierno nombre los jueces a capricho. El bloqueo es un mal, pero mucho menor que liquidar la independencia del poder judicial. Un estado de derecho sin independencia judicial pasa a ser de hecho una dictadura. Por eso es tan grave el intento de asalto a la justicia que propugnan Podemos, Sumar, el PSOE, Bildu y los medios afines al sanchismo.
La mayoría de 3/5, por otro lado, aparte de garantizar una cierta necesidad de consenso no sólo no es antidemocrática, sino más democrática que la mayoría absoluta, salvo para alguien que no sepa nada de fracciones. La mayoría absoluta exige un respaldo del 50%, mientras que la mayoría de 3/5 exige un respaldo del 60%, por tanto es más democrática la mayoría de 3/5 porque exige un respaldo mayor y más representantivo.
Por lo demás es evidente que no es el PP quien está bloqueando la renovación del CGPJ. Si el gobierno estuviera dispuesto a renovar el CGPJ con los nombres que propone el PP, no habría bloqueo, lo que pasa es que el PSOE quiere imponer sus nombres para los nombramientos. Tan bloqueada por tanto está la renovación por los unos como por los otros.
En realidad, la renovación está mucho más bloqueada por los otros que por los unos. Ante el bloqueo, el PP y la UE proponen una renovación que pase por un cambio en el sistema de elección, que no solo sería acorde con las recomendaciones y prácticas de la UE sino que además representaría una vuelta al espíritu y la literalidad de la Constitución. El bloqueo persiste porque el sanchismo no está dispuesto ni a dejar de imponer su lista de nombramientos ni a cambiar de sistema para que los nombramientos no dependan ni del PSOE ni del PP, sino de los propios jueces.
Existe por tanto una forma sencilla, inmediata y además regeneradora y garantista del estado de derecho para desbloquear la renovación del CGPJ, pero es el sanchismo quien no quiere esta salida al desbloqueo. Lo que pretende el sanchismo es mantener el bloqueo y usar después el bloqueo como justificación para imponer una reforma consistente en que el gobierno nombre los jueces a su capricho. En el fondo no hay tantas diferencias de base entre una dictadura y una democracia. Todo florece y se ramifica después a partir de esas diferencias. Pues bien, una de esas diferencias esenciales entre democracia y dictadura es que en una dictadura los jueces no le pueden llevar la contraria al gobierno. Otra diferencia entre una dictadura y una democracia es que en una democracia los medios aprueban o desaprueban lo que dice el gobierno, mientras que en una dictadura es el gobierno quien aprueba o desaprueba lo que dicen los medios. O sea, que estamos en plena ofensiva del sanchismo para acabar con la democracia.
