El informe PISA de 2022, publicado en el pasado mes de diciembre por parte de la OCDE, así como la última propuesta del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, con el objetivo de unificar los criterios y pruebas que condicionan el acceso a la universidad, han vuelto a desatar una de las problemáticas más relevantes de nuestro país, la legislación educativa.
En primer lugar, comentaremos de forma rápida los resultados del informe PISA de 2022, el cual pone en evidencia las carencias educativas de nuestro país, ya que presenta un resultado inferior al de nuestros vecinos europeos en todas las materias evaluadas, además de suponer un mínimo en la serie histórica de resultados obtenidos por nuestro país desde el año 2000, fecha en la que inició a realizar este informe, lo que indica la tendencia negativa que presenta nuestro país a nivel educativo.
Los alumnos españoles muestran un inferior nivel educativo en comparación al resto de países europeos, lo que supone una menor cualificación de la mano de obra. Hecho que repercute de forma negativa a la productividad de nuestro país, ya que una menor cualificación indica menor capacidad de innovación y desarrollo tecnológico que, en la actualidad, es lo que permite aumentar la productividad. Sin embargo, este no es el único problema de tener un nivel educativo reducido, aunque sí el más relevante desde el punto de vista económico.
El objetivo de cualquier gobernante debería ser el aumento del nivel cultural y educativo de la población, ya no solo por la importancia económica que esto supone, sino por las connotaciones sociales que conlleva una sociedad educada como son el mayor grado de libertad, ya que cuanto mayor es la educación que posee un individuo su toma de decisiones se realizará con un mayor grado de conocimiento, o el desarrollo de un ascensor social.
Para corregir este problema e intentar revertir la tendencia educativa que presenta nuestro país, el líder de los populares ha propuesto realizar un examen de acceso a la universidad único en todo el territorio español, obligando a que las regiones con menor nivel educativo tengan que aumentarlo si desean que sus alumnos puedan competir en las mismas condiciones que las regiones con un mayor nivel, y de esta forma poder acceder a grados y universidades de prestigio en nuestro país.
Esta medida podría considerarse útil si se toma como base el nivel educativo de las comunidades con un mayor nivel, ya que si, por el contrario, se toma el de aquellas regiones con niveles inferiores, se podría provocar una reducción del nivel educativo general. Sin embargo, y a mi parecer, no sería suficiente para revertir la mala tendencia educativa española, aunque sí reduciría la desigualdad presente en la actualidad para acceder a la universidad en función de la región donde realices tu examen de acceso.
Uno de los problemas más importantes que sufre nuestro sistema educativo es la falta de estabilidad legislativa en cuanto a leyes educativas se refiere, ya que cada vez que un partido político diferente conforma gobierno, modifica la normativa vigente del momento, provocando que los temarios y las exigencias educativas cambien y, sin embargo, nunca en la buena dirección, ya que a menudo los cambios suponen menores exigencias para pasar de curso o en los temarios, cada vez más reducidos.
Es por ello, que para revertir este proceso se debe, por un lado, alcanzar estabilidad en la legislación educativa, y para ello, alcanzar un acuerdo entre formaciones políticas diferentes para blindar esta legislación ante cambios de color político en el gobierno y, por otro lado, la reversión de la tendencia dada en nuestro país desde hace décadas, para de esta forma aumentar las exigencias educativas desde primaria, base de la formación futura del alumnado español. Además, combinado con estos cambios, se debería aumentar el nivel exigido al profesorado, el cual debería permanecer en una formación continua, además de pasar evaluaciones periódicas, ya que debemos tener en cuenta que de ellos depende la sociedad española del futuro.
Por último, en cuanto a la intromisión gubernamental se refiere, se debería reducir al mínimo posible, limitándose solo a exponer las exigencias curriculares que se deberían estudiar, exigencias que deberían estar enfocadas en adquirir conocimientos útiles para el desarrollo cultural futuro de los niños y jóvenes, y no en valores o ideas políticas, como sucede en la actualidad.
