La idea de que la educación debe estar al margen de la política es uno de esos tópicos que aún suscitan consenso incluso en una sociedad polarizada como la española. Al menos, se dice, debe evitarse que los vaivenes legislativos sacudan la vida de los centros educativos. Sin embargo, estas valoraciones no suelen estar reñidas con una cierta idea de que es necesaria una ley que asegure una formación cultural sólida y competencia profesional a los estudiantes. De hecho, el Estado y las comunidades autónomas se prodigan en un ingente esfuerzo educativo. No sólo en los centros denominados públicos, sino también al establecer una enseñanza obligatoria para todos los ciudadanos o a través del control de asignaturas, contenidos y horas lectivas. En fin, el Estado ha asumido sin oposición la misión de garantizar la idoneidad escolar: pocos españoles se arriesgan a cursar una enseñanza sin un título reconocido al final del camino.
Sin embargo, este statu quo sufre tensiones reveladoras. En Navarra la intervención del gobierno en los colegios ha devuelto a la palestra un argumento conocido: el derecho de los padres a la libre educación de sus hijos. Es recurrente cada temporada de matrícula en institutos y colegios. Sin embargo, las quejas han arreciado a raíz de las polémicas en torno a la jornada continua y los conciertos de los centros de educación diferenciada. En realidad, la relación entre política y educación está hoy llena de frágiles equilibrios, amenazados por las campañas de un Estado que aspira a consolidarse como una especie de indiscutible Profesor Total.
Sin embargo, aunque es tentador resolver estas fricciones pensando que política y educación son, en el fondo, irreconciliables, lo más natural y lo mejor para ambas es que suceda lo contrario. En este sentido han reflexionado no pocos intelectuales interesados en la enseñanza. Por su situación en las polémicas que sacuden a la enseñanza navarra, vale la pena recordar al profesor Víctor García Hoz, uno de los pedagogos españoles más relevantes del siglo pasado, inspirador intelectual de los colegios de la empresa Fomento. García Hoz concebía la escuela como una institución radicalmente política. No es que su objetivo fuera formar militantes de partido o supeditar la enseñanza a una opción ideológica, sino que entendía la política desde un punto de vista más amplio: como vida en sociedad.
La creación de un colegio respondería a la idea de que los hombres somos seres sociales, necesitados de los demás para desarrollarnos y de un cierto entrenamiento para convivir. García Hoz, que fue viendo durante el siglo pasado cómo el cambio social y económico deterioraba algunas viejas relaciones sociales, con la consiguiente deshumanización del hombre, juzgaba necesario reforzar los colegios como puente entre la familia y el resto de la sociedad. La Lengua o las Matemáticas debían acompañarse de una preparación para las responsabilidades futuras, como el trabajo, la participación cívica o, en general, la convivencia. García Hoz pensaba, desde un punto de vista bastante clásico, que todas estas materias y actividades eran ocupaciones nobles, generosas y necesarias para todo ciudadano.
Se entiende así, por ejemplo, que viera claro que el Estado era un gran interesado en que los colegios funcionaran. García Hoz, católico práctico, sabía bien, pues lo habían repetido los Padres de la Iglesia y otras autoridades, que la religión forma la clase de ciudadanos que cualquier Estado necesita: honrados, leales, valientes, serviciales, obedientes, generosos… En el pensamiento laico, el mito del maestro como apóstol, redentor de un pueblo o ciudad, educador de hombres civilizados a través de la cultura, es una versión secularizada de este punto de vista, que ayuda a entender por qué la escuela tiene influencia social.
Sin duda, podría añadirse a todo esto: “Bien, pero quien quiera elegir educación que se la pague”. Es un argumento razonable, pero que, en justicia, debería poder ampliarse a todos los estudiantes, no sólo a los de tal o cual colegio o instituto. De hecho, podría enfocarse este problema desde esta perspectiva equitativa y abierta: puesto que son los padres y los profesores los que educan, deben hacerlo libremente y buscar los recursos necesarios para ello. El gobierno estaría obligado, en cambio, a reconocer su contribución social proporcionándoles aquellos medios que no pudieran conseguir por sí mismos. Así, sin confusiones, los profesores serían profesores y los gobernantes gobernantes. Incluso los padres tendrían libertad para ser padres.
Esta visión de la enseñanza responde a la convicción de saberse parte de un todo, de sentirse obligado al bien común. Sin embargo, hoy esta realidad está en declive. La razón, a mí juicio, es la hegemonía actual del individualismo, una pertinaz y extendida ceguera para el bien común que adopta mil formas inquietantes para todos. Sin duda, una es el sectarismo ideológico, encarnado en este caso, y por desgracia, en el consejero de educación.
Otra forma, rara vez mencionada en el contexto de estas polémicas, es la falta de compromiso político. ¿Están egresando de los colegios navarros los ciudadanos responsables que nuestra sociedad necesita? No parece que este problema crucial genere la misma inquietud que la posición de Navarra en PISA. Tampoco parece existir un pensamiento crítico con la acción educativa del Estado. Por ejemplo, ¿no es significativo que, en una comunidad del tamaño de Navarra, los padres de 4.400 estudiantes hayan elegido una educación tan distinta a la que propone el gobierno? También llama la atención el silencio -con excepciones contadas- de los padres de los alumnos de la educación diferenciada, corregidos desde el gobierno autonómico hacia otro modelo educativo para sus hijos.
Hoy, por cierto, los conciertos son determinantes para la existencia de gran parte de los centros no estatales, pero tampoco es realista exigir al Estado respeto a la libertad de los padres a la vez que se esgrime un modelo de financiación que refuerza su intervención en su enseñanza. En cambio, otras vías, como los fondos institucionales, muy comunes en otros países del mundo, pueden permitir a los colegios vivir de su propia renta y garantizar una enseñanza asequible y libre a cualquier ciudadano. Las recientes experiencias y la ideologización del gobierno y la política sugieren formular alternativas como esta.
En cualquier caso, el deterioro de la relación entre los colegios y la vida política, fruto de un generalizado desdén hacia lo social, está pasando factura a los dos miembros de la ecuación. En primer lugar, porque esta relación es necesaria. Las escuelas están radicadas de manera ineludible en una sociedad y, por lo tanto, a su servicio. En segundo lugar, porque esta relación es buena, saca al hombre de su solitario confinamiento y oxigena a la sociedad con personas responsables. Así, se puede decir que, cuando el gobierno obstaculiza la educación de los padres o las iniciativas de profesores y pedagogos que ofrecen un modelo de enseñanza razonable, daña a la comunidad a la que debería servir. Al mismo tiempo, cuando los padres y los centros de enseñanza se encierran en una actitud autosuficiente o no se hacen cargo de la educación de sus hijos y de sus deberes ciudadanos, no sólo abandonan al resto de la sociedad, sino que se empobrecen a sí mismos.
