Los empresarios catalanes intentan avisar al PSOE del riesgo de llegar a un acuerdo a cualquier precio con el separatismo

Una de las circunstancias que caracterizó la proclamación golpista de la inexistente república catalana en 2017 fue la huida masiva de las empresas de Cataluña. Entre una cosa y otra, Cataluña ha pasado a convertirse en un territorio intensamente hostil para la inversión. Esta hostilidad tampoco afecta sin embargo sólo a Cataluña, sino al conjunto de España. Hace años que España emite señales de alarma a todos los inversores internacionales y Cataluña tiene mucho que ver en esa situación. Por un lado, tenemos un gobierno ultraizquierdista, cuyos referentes son el chavismo venezolano, la Segunda República o el castrismo cubano. Esto de por sí ya es una señal de alarma aterradora para cualquier inversor extranjero. Si España no estuviera en la UE, la inversión extranjera en España se hubiera esfumado. Seguramente los inversores extranjeros sobrevaloran las seguridades que ofrece la UE frente a las excentricidades de un gobierno estrafalario, o por lo menos dentro de España no apreciamos que la UE imponga demasiados frenos a las disparatadas políticas del gobierno, casi al contrario, pero justificadas o no las aparentes seguridades que ofrece la pertenencia a la UE el hecho es que actúan tranquilizando en alguna medida al inversor extranjero. La inversión en España lleva muchos años de capa caída. Somos la anti-Irlanda. Esta falta de atractivo explica en buena medida nuestro estancamiento económico y laboral pese a todo el dinero público (el que se tiene y el que no se tiene) que se viene gastando, pero sin el escudo formal de la UE la situación sería bastante más dramática aún. Es decir, la UE enmascara la gravedad de la situación. Debemos descontar el efecto UE para medir la amenaza real del contexto actual.

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El hecho sin embargo es que el problema de España no se limita a la existencia de un gobierno abiertamente hostil a los inversores y las empresas, sino que la crisis territorial añade todavía un frente más de inquietud. Se mire España por donde se mire, sólo ofrece inseguridad. Por un lado la inseguridad normativa y fiscal de un gobierno que cada mes cambia las leyes y que además las cambia siempre en el sentido de perjudicar a los inversores y empresarios. Sólo hay algo peor para un inversor que un entorno hostil pero estable, y eso es un entorno hostil y además inestable. Hoy es malo, pero mañana será peor. No hay trazabilidad. Nada es previsible. Y sin estabilidad y previsibilidad es muy difícil poder atraer inversión. Pero es que además vivimos enquistados en una crisis territorial que a su vez determina una inestabilidad política permanente. El gobierno depende de fuerzas separatistas que para conseguir sus objetivos pretenden dinamitar el estado de derecho y el marco legal. Como el gobierno no puede depender de estas fuerzas y combatirlas al mismo tiempo, el gobierno ha pasado a ser un colaborador del separatismo en la voladura de la legalidad y la cohesión nacional. Poco más se puede ofrecer para espantar a cualquier inversor. Empresaris de Catalunya acaba de publicar un comunicado expresando la preocupación en este sentido del empresariado catalán, que se suma al del empresariado de toda la nación.

⚠️⚠️ Comunicat d’Empresaris de Catalunya en relació a les exigències del nacionalisme català per tal de facilitar la investidura del PSOE https://t.co/KgdDefnLI6

— Empresaris Catalunya (@EmpresarisCat) September 15, 2023

Respecto a la amnistía, más allá del falso encaje constitucional, los empresarios catalanes advierten que no ayudaría a resolver el problema político ni al bien común. “Los que serían amnistiados no reconocen sus delitos ni renuncian a repetir sus acciones y entienden la amnistía como la legitimación de estos. Con el riesgo real de reincidencia, vuelve la inseguridad y la división social. Desde la perspectiva económica, mientras se mantengan las incertidumbres políticas se paralizarán muchas tomas de decisión empresariales que afectan a Cataluña, y por ende a toda España”.

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Respecto a un referéndum de autodeterminación de Cataluña, el empresariado catalán denuncia que no cabe en la Constitución aunque se pretenda “retorcer la legalidad hasta forzar algún tipo de consulta en Cataluña para conseguir los mismos efectos”. Cualquier consulta o referéndum, advierten los empresarios, “tendría efectos demoledores sobre la convivencia en nuestra comunidad y en el resto de España, así como otras graves consecuencias económicas -ya vistas en 2017-: fuga de capitales y empresas, huida de talento, paralización de inversiones, tensionamiento de las relaciones con clientes y proveedores nacionales e internacionales, etc”.

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Empresaris de Catalunya lleva a cabo por tanto un llamamiento a los partidos mayoritarios para que, alternativamente a este escenario, “busquen consensos que permitan abordar el grave problema planteado por el nacionalismo catalán”, recordando además que, tras las últimas elecciones generales, “ las fuerzas nacionalistas catalanas representan hoy tan solo el 26% del voto emitido en Cataluña”, y en consecuencia sus exigencias carecen del apoyo de la mayoría social catalana, no digamos de la mayoría española en general.

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Cuando los griegos dejaron el Caballo de Troya delante de las murallas de la ciudad, un eminente troyano llamado Laocoonte trató de advertir del peligro a los suyos (“Timeo Danaos et dona ferentes”), pero por un lado los troyanos no le hicieron mucho caso cegados por el atractivo de una victoria aparente y por otro, para evitar riesgos innecesarios, los dioses sanchistas del Olimpo enviaron unas grandes serpientes que se comieran a Laooconte y a sus hijos. Bien haría por tanto el PSOE de escuchar las voces que, como Empresaris de Catalunya, trata de advertirle del caramelo envenenado que le ofrece el nacionalismo. Y bien harían a su vez los empresarios catalanes en comprar un bote grande de repelente de serpientes.

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