Si bien los comicios electorales de ayer, domingo 28 de mayo, no tuvieron nada que ver con las Cortes Generales, sino con candidatos de administraciones distintas, parece ser que, fuera o no en clave nacional, todo el aparato político del Palacio de la Moncloa recibió algo más que un toque de atención.

El PSOE solo ha conseguido «salvar los muebles» en ayuntamientos y diputaciones provinciales concretas así como en las regiones de Asturias y de Castilla-La Mancha (es cierto que aquí está uno de los supuestos barones disidentes del partido, aunque tampoco es verdad que diste mucho de la suma del «bloque de la derecha»).

No solo no ha conseguido resurgir en Andalucía (quizá decir lo de «feudo rojo» ya sea más que cosa del pasado») ni que Díaz Ayuso haya perdido la mayoría absoluta. Más bien, pierde importantes posiciones de poder como la Junta de Extremadura, la Comunidad Valenciana y el Gobierno Balear, entre otras.

Es más, algunas de sus derrotas van a ser posibles (aunque haya subido también el PP) gracias a ese partido al que constantemente pretenden silenciar, censurar, ilegalizar e intimidar por cuestionar los visos de la corrección política, el cual ha triplicado considerablemente su representación municipal (pese a no tener aún una estructura de equiparable desarrollo con el PP).

De hecho, va a depender de VOX donde se supone que hay menos derechización sociológica (no es lo mismo Málaga que Sevilla ni Extremadura que Madrid). Cualquier «espantajo» de retroceso o «supuesto franquismo» han sido totalmente inútiles, ya que serán determinantes para ir contra la izquierda (de ahí una razón de voto).

Los intentos de fraude electoral en Melilla y Almería, entre otros lugares, no han sido fructíferos. Tampoco la obsesión por regularizar a un exceso de inmigrantes ilegales ni la endeudicida concesión de paguitas y subvenciones de compra de voces y voluntades han servido de mucho.

No pocos españoles quieren que, por su complicidad, por su vinculación al partido, se pague por el daño social, económico y moral que el PSOE está acarreando a España (en verdad, lo que ha hecho siempre… siendo distinto que algunos hagan que ciertos antecesores parezcan más benévolos).

La negativa a resolver en serio el problema de la inflación, la pérdida de poder adquisitivo, la promoción de leyes que liberan a violadores sexuales, la protección de okupas, los indultos a quien no corresponde y la complacencia de monstruos siniestros como el brazo político de ETA (que toma fuerza en Navarra y en las Provincias Vascongadas).

Quizá la gente ha llegado a despertar y es que no siempre es imposible que el sentido común se anteponga a ideologías completamente artificiales. Quiero decir que hay gente que, sin dejar de ser socialista o «progre», percibe que algo falla cuando se criminaliza al varón soltando a violadores o se da vía libre a la ocupación ilegal de casas.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que ningún voto es gratis. Unos han de saber hacer las cosas bien y ver la realidad mejor ante el qué dirán de la siniestra. Pero otros han de tener una sana capacidad estratégica para que haya visos de contrarrevolución política en las instituciones, sin olvidarnos de la importancia de la sociedad civil en sus distintos ámbitos.

Cualquier «éxito mejorado» u «oportunidad de cambio» ha de ser percibida como una «oportunidad bien aprovechada». Luego, aunque nada sea menos importante, no todo tiene que limitarse a cuadrar las cuentas o quedar, de cara a la galería, como alguien que sabe gestionar mejor.

La acción política ha de estar condicionada por medidas concretas como la drástica reducción del gasto público y político así como del peso del Estado, lo cual ha de traducirse en una disminución de la deuda y en una drástica rebaja de impuestos y otra clase de tasas, aparte de agilizar trámites burocráticos.

También hay que romper con el concepto del Bienestar del Estado como ente enemigo del ahorro y la responsabilidad, como sujeto jurídico monopolístico. Los ciudadanos han de tener libertad para elegir servicios básicos, sin que se les obligue a colapsar algo que no les convence. Que ejerzan ellos la democracia económica misesiana.

La propiedad privada ha de estar a salvo. Esa es la mejor fórmula de respeto al supuesto «derecho a la vivienda». Hay que castigar y permitir defenderse del que asalte nuestras propiedades, del mismo modo que, por otro lado, ser propietario no ha de ser un castigo fiscal ni una dificultad debida a la excesiva regulación del suelo.

Pero, a su vez, es muy importante que los individuos sean capaces de pensar y no vean anuladas sus conciencias. Por ello hay que combatir la «agenda progre» (no solo es el venenoso decálogo de la Agenda 2030) de modo que acaben el adoctrinamiento, la ideologización y la censura feminista, homosexualista, abortista, eutanásica y ecosocialista en distintos ámbitos de la sociedad.

Incluso conviene, por una cuestión de seguridad, ser consciente de la necesidad de controlar la inmigración, de ser más severo contra las bandas latinas y de cerrarle la puerta a los MENAS (en vez de darles miles de euros para su «acogida»). El metro cuadrado y el colegio privado no pueden ser las únicas medidas de control indirecto de este problema.

En cualquier caso, que no solo se trata de alejar al sátrapa Sánchez del Palacio de la Moncloa, sino de que sus sucesores y quienes ejercen contrapeso en otras unidades de poder político combatan, lato sensu, el proyecto político progre, socialista, masónico, globalista y revolucionario.