Desokupa fue ayer una vez más noticia en todos los grandes medios por el desalojo de un inmueble en Majadahonda. Aunque el picante viralizador de la noticia fueron las escenas violentas del desalojo, la existencia de Desokupa y la frecuencia y relevancia de sus intervenciones pone de manifiesto un grave problema de seguridad de fondo así como una quiebra evidente del estado de derecho.
PATADA EN EL CULO.pic.twitter.com/B1zc8ya1Wp
— Moscardó (@moscardol) April 12, 2023
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Como en este caso de Majadahonda, las casas de okupas son casi en el 100% de los casos focos de delincuencia, incomodidad, problemas de salud pública y deterioro de las condiciones de vida de los barrios y la convivencia. Ya sólo esto sería un grave problema y un problema de primer orden para que nuestros políticos se pusieran manos a la obra de inmediato para resolverlo, pero está el otro asunto.
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La okupación es también un cuestionamiento y una amenaza a la propiedad privada. Esto en principio debería ser un acicate más para movilizar a los políticos en la lucha sin cuartel contra la okupación, pero sucede todo lo contrario. Una parte importante de la izquierda no sólo practica una clara tolerancia sino que ve con buenos ojos que se cuestione y se amenace la propiedad. El propietario del piso es el malo y el okupa es el bueno. La propiedad es sospechosa. El que atenta contra la propiedad es un activista, no un ladrón. Evidentemente a la vista está que los okupas no son ideólogos ni activistas sino delincuentes, por más que la izquierda se empeñe en presentar de otro modo el fenómeno okupa. Consciente del deterioro que se va a producir, ningún izquierdista se alegra cuando aparecen unos okupas en su vivienda, en la vivienda de al lado o en una vivienda a unas pocas manzanas de su vivienda. La okupación es algo que sólo se puede contemplar románticamente desde la Moncloa o desde un lejano chalet de Galapagar.
Mi mayor desprecio por los partidos políticos que no expulsan inmediatamente a los okuapas
Altercados, pedradas y navajazos en el desalojo de un edificio de lujo okupado en Majadahonda
Uno de los miembros de Desokupa ha resultado herido de arma blancahttps://t.co/l9ol0z1yHe
— Paco Fernández (@FeliMore31) April 12, 2023
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Naturalmente también existen algunos casos limítrofes, en los que los okupas son personas o familias en una situación de exclusión y el inmueble okupado pertenece a un banco o a una institución. No obstante, incluso en estos casos tampoco se puede tolerar la okupación. Las políticas del gobierno deben servir primariamente para que no haya personas ni familias sin hogar y en situación de exlusión. Es decir, lo que el gobierno debe intentar en primer lugar no es ayudar a esas personas, sino conseguir unas condiciones de crecimiento y desarrollo en las que no haya personas en esa situación. Obviamente, si a pesar de todo hay personas en esa situación deben ser ayudadas, pero para eso pagamos impuestos. No puede ser que los mismos a los que se les llena la boca hablando del estado social y de la bondad de los impuestos después, cuando hay familias sin techo, pretendan que quien tenga que hacerse cargo de esas familias y convertirse en el «escudo social» sean los propietarios de los pisos, ya sean particulares, bancos o instituciones. Para eso que nos quiten los impuestos y que dejen de hablar de que tenemos un estado social. El estado social no puede ser que las ciudades se conviertan en una jungla y que cualquiera, normalmente un maleante, muchas veces un ilegal, pueda quedarse con el piso de otro dejando el estado totalmente desprotegido al propietario.
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La existencia y éxito de una empresa como Desokupa pone de manifiesto por tanto, de una forma flagrante, la absoluta quiebra del estado de derecho. Resulta indignante que el dueño de un piso tenga que recurrir a Desokupa en vez de a los jueces o a la policía para desalojar un piso, y que mientras los miembros de Desokupa se encargan de sacar a los okupas de un inmueble, en medio de una reyerta con piedras y armas blancas, la policía esté mirando pasivamente desde la distancia. Para eso tampoco nos hacen falta policías, ni jueces, ni estado ni impuestos.
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Irónicamente, esto sucede no por casualidad cuando en el poder se encuentran los supuestos mayores defensores del estado. La realidad es que tenemos un estado elefantiásico, carísimo, cuyo mantenimiento nos asfixia fiscalmente, pese a lo cual es deficitario y nos endeuda de forma apabullante, pero que al mismo tiempo es un estado débil, claudicante, ineficaz, del que se burlan los delincuentes, que ni se hace cargo de las familias en situación de exclusión, ni protege la propiedad.
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