En las últimas semanas, ha cobrado fuerza una propuesta remota global del movimiento eco-socialista: la consolidación de «ciudades de los 15 minutos«. De hecho, se puede decir que hay un autor, ideólogo o como lo queramos llamar: Carlos Moreno, asesor de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, vinculada al Partido Socialista Francés.

Con la excusa de la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, se pretende idear, bajo patrones homogéneos, un modelo urbanístico que pretenda tener todos los servicios, incluso el puesto de trabajo, en un escaso diámetro. Se quiere evitar que «el ciudadano tenga que desplazarse con frecuencia».

Bajo un prisma inocente e ingenuo, esta propuesta podría sonar muy bien. Es cierto que una persona desea que su centro hospitalario esté a menos de 15 minutos, que no haya que invertir dos horas de viaje diarias para ir al puesto de trabajo, que se tenga a mano lo que corresponda para comprar el pan y la leche… En resumen, se busca hacer todo antes, gastando lo menos posible.

Pero una cosa es optimizar y otra, muy distinta, es pensar en utopías tan tramposas como peligrosas. El sentido común da por hecho que los servicios urbanos (básicos y no esenciales) han de brindarse en zonas de fácil acceso para una cantidad considerable de personas, más allá de tener carreteras y vías ferroviarias adecentadas, en buen estado.

Fórmulas han surgido a lo largo de la historia. A medida que han transcurrido los años, los automóviles han adquirido mayor potencia y velocidad, la velocidad de conexión a internet es tremenda, la conectividad móvil apenas es inexistente, los automóviles son más seguros, los vuelos de avión son más rápidos y asequibles…

Cierto es, igualmente, que se talan menos árboles a medida que aumenta la digitalización y que las economías más desarrolladas generan menos emisiones de dióxido de carbono aparte de tener mayores masas forestales. La flexibilidad laboral y el aumento de la productividad, no solo a medida que la tecnología se ha vuelto más sofisticada.

Ahora bien, imponer un patrón homogéneo de ciudad para todo el orbe es técnicamente imposible. Para empezar, no todos los terrenos están igualmente distribuidos ni todas las áreas municipales tienen la misma orografía, densidad de población y sociología.

Todo servicio, para funcionar, tiene que esperar un mínimo de demanda. Si no, puede resultar no rentable. Tampoco es posible tener todo en todos los sitios, de igual modo que, el teletrabajo, aparte de tener sus pros y sus contras, no es posible en cualquier puesto de trabajo a día de hoy.

No es posible crear una universidad en un pequeño pueblo de montaña con carreteras secundarias en mal estado ni instalar una gran factoría de automóviles a orillas del mar. Tampoco es viable poner viviendas unifamiliares de más de trescientos metros cuadrados en una zona centrada a multitud de macroeventos deportivos.

Ahora bien, ¿por qué se insiste, cada vez más, en esta idea? La filosofía es la misma que subyace la batalla política contra el coche y contra el avión: buscar pretextos para cercenar la libertad de circulación de las personas, como ocurriese con el Muro de Berlín en su momento.

Del mismo modo que se hizo un ensayo con el pretexto del confinamiento de contención de una epidemia «muy mortal», se pretende facilitar el control sobre las personas, para lo cual conviene evitar que trasciendan un radio concreto, aparte de controlar esos volúmenes de datos en auge que a las mismas estén vinculados.

Insistiendo en la premisa misesiana, es imposible una acción humana homogénea, dirigida desde arriba. Así que esta «bonita idea verde» puede describirse como un nuevo replanteamiento en lo concerniente al férreo control del Estado sobre las personas y sobre la economía.

De hecho, ya puestos, sería más importante, evidentemente, que las ciudades y pueblos sean lugares más atractivos y habitables. Pero eso se consigue con mejores comunicaciones, con mejores condiciones económicas, con factores atractivos diversos y con mayor seguridad frente a distintos escenarios de criminalidad.

En esos aspectos, se podría tratar de estar cerca de un ideal de ciudad del segundo 1. Pero muchos de «nuestros políticos» no solo quieren subvertir el orden espontáneo, sino que fomentan la invasión migratoria conflictiva, ahogan a autónomos e inversores, regulan demasiado la propiedad y dan carta blanca a violadores y okupas.

El precio del metro cuadrado es hoy la única política de seguridad y control migratorio que, de facto, existe. También es cierto que muchos territorios son infiernos fiscales. Son muchos los problemas, pero para reducir el ámbito de expansión del problema, sería mejor fomentar la competencia territorial, en conformidad con el principio de subsidiariedad.

En otras palabras, lo mejor es que haya unidades poblacionales atractivas, descentralizadas, libres y seguras. Para ello, basta con poner fin al intervencionismo político-económico y dar mayor margen de maniobra a la sociedad, con el obvio aprovechamiento tecnológico.