Muchos lectores recordarán las vueltas que dio en su momento, allá por 2013, la declaración de rentas y bienes de Uxue Barcos como diputada en el Congreso. El contexto de aquella polémica fue la persecución de la izquierda política y mediática contra la entonces presidenta de UPN, Yolanda Barcina. Cuando se suprimieron las infaustas dietas de la CAN a los políticos que participaban como supervisores en algunos de sus órganos, teniendo en cuenta que sueldos como el de la presidenta de Navarra dependían en gran medida de esas dietas, se creó una compensación que supuso una reducción de lo que Barcina cobraba con las dietas, pero que elevaba su sueldo como presidenta hasta los 92.000 euros. El escándalo montado por la izquierda fue monumental. Aquel sueldo y más en plena crisis era totalmente inadmisible e inmoral. El problema es que Uxue Barcos estaba cobrando al mismo tiempo como diputada en el Congreso 110.000 euros al año. Pero que Barcos cobrara tanto más que la presidenta de Navarra sí era adecuado, justo, ético, estético, merecido, ejemplar y moral.
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No obstante, la declaración de bienes y rentas de Barcos dio mucho que hablar. Para empezar, Barcos se resistió con uñas y dientes a clarificar cuánto cobraba exactamente. En aquel entonces había que deducir sus ingresos de forma indirecta. Barcos llegó a llevar a juicio a UPN por haber dicho que era la política navarra que más cobraba, mientras se estaba linchando a Barcina por lo que cobraba. El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Pamplona no sólo desestimó la demanda interpuesta por Barcos, sino que señaló que «decir que los ingresos de la señora Barkos del año 2010 fueron de 90.000 euros no se aparta del canon de veracidad ni constituye exceso u oprobio, pues sus ingresos durante ese ejercicio fueron según los documentos por ella aportados de aproximadamente 110.000 euros brutos, 91.000 euros netos».
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Los avatares de Barcos con sus rentas y bienes no acabaron con aquello. Por un lado se añadió el caso de sus dietas en el Ayuntamiento de Pamplona, jugosas dietas que se cobraban por unas reuniones cuya existencia ningún mecanismo verificaba. Si todas las reuniones de todos los ediles caían bajo sospecha, más aún las de Barcos que alternaba la supuesta asistencia a esas abundantísimas reuniones inverificadas en Pamplona con su estancia como diputada en Madrid. Ni siquiera su enfermedad redujo la asistencia a esas reuniones no verificadas y tampoco consiguientemente sus ingresos. El Tribunal de Cuentas, no obstante, evitó el reproche a Barcos estableciendo el pintoresco principio de que no hacía falta probar que Barcos había hecho el trabajo para cobrarlo, y sí hacía falta en cambio probar que no lo había hecho para poner en cuestión los cobros.
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Además del salario y las dietas, la carencia de patrimonio de Barcos también ofreció juego abundante al debate político. No es que fuera impensable que alguien con 110.000 euros de ingresos no tuviera nada de patrimonio fuera de un Mini Cooper, pero al menos resultaba llamativo. Es la típica cosa que le puede extrañar a un inspector de Hacienda, por ejemplo, para al menos echar a una declaración un segundo vistazo.
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No se trata de recordar en profundidad todos los avatares de Barcos con sus declaraciones, sus olvidos, sus exclusiones y sus rectificaciones, pero sí de hacer notar el juego que justificadamente dieron todas aquellas declaraciones.
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Todo esto viene a cuento de un hecho curioso, que es el sobre el que a fin de cuentas queremos traer la atención en este momento. De todos los parlamentos autonómicos, Navarra es uno de los cuatro en los que los diputados no tienen que hacer públicas sus declaraciones de bienes e ingresos. O sea, que si queremos saber qué ha pasado a la vuelta de unos años con el patrimonio de Barcos, ahora que ya no es diputada en el Congreso, ni presidenta del gobierno de Navarra, sino diputada foral, nos quedamos con las ganas de saberlo. De todos los parlamentos autonómicos, Navarra es uno de los 4 más opacos. Todos aquellos diputados del cambio que llegaron al gobierno de la mano de Kontuz, predicando a golpe de titular la ejemplaridad y la transparencia, no quieren ahora que conozcamos la naturaleza de sus cuentas.
TRANSPARENTIA | Cantabria, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco, únicas CCAA que no publican la declaración de bienes de sus parlamentarios https://t.co/K1MK5ynLBl
— EL KIOSKO press (la actualidad sin remilgos) (@wizfun) November 2, 2020
O sea que nos quedamos con las ganas de saber si el patrimonio de Barcos sigue siendo cero o le ha aflorado una plantación de plátanos. En el caso de que haya algún ricachón camuflado entre nuestros ilustres diputados de progreso, podrá bramar contra los ricos mientras oculta su patrimonio, o contra los bancos y las eléctricas mientras oculta sus acciones de Santander e Iberdrola. O contra los planes de pensiones privados. O contra los especuladores inmobiliarios, mientras acumula cuatro pisos, seis garajes y tres terrenos. Nunca sabremos si son coherentes o sólo opacos. Los riojanos, aragoneses, gallegos o madrileños tienen derecho a conocer las cuentas de aquellos a los que pagan el sueldo, con qué patrimonio entran al escaño y con qué patrimonio salen del mismo. Los navarros en cambio no. Casualmente todos los territorios opacos son territorios afines al sanchismo. Debe ser que hay mucha gente de Villarriba representando a la gente de Villabajo.
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