Un senador socialista, que trabaja en una clínica abortista, decidirá sobre la Ley del Aborto

La nueva ley del aborto supone permitir al estado establecer unos plazos dentro de los cuales el derecho a la vida de los seres humanos queda suspendido. Lo de más es la atribución aberrante al estado de semejante facultad, lo de menos cuáles sean los plazos. En la práctica, el “coctail” de supuestos preparados por el gobierno permite el aborto libre hasta la semana 14, el aborto hasta la semana 22 cuando perjudique la salud de la madre (entendiendo por tal “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”), y el aborto en cualquier momento en caso de graves malformaciones en el feto. Todo ello frente a la evidencia de que la única diferencia entre un bebé antes y después del nacimiento es encontrarse a uno u otro lado de esa fina capa de piel, supuestamente protectora, que es el vientre de su madre.

El delirante impulso de esta nueva ley del aborto, por lo demás, sucede cronológicamente a la cadena de investigaciones en clínicas abortistas derivadas de la detención del doctor Morín. Las prácticas del doctor Morín en diversas clínicas incluían abortos a menores de 13 años, abortos a mujeres embarazadas de más de 7 meses, o falsos informes psiquiátricos. El lucrativo sector de las clínicas abortistas privadas denunció entonces una campaña de acoso y solicitó al gobierno una nueva ley del aborto similar a la que, dicho y hecho, mañana se votará en la Cámara Alta.

Tan larga es la mano de las clínicas abortistas privadas que uno de los senadores socialistas que votará esa ley, Roberto Lertxundi, trabaja en una de esas clínicas. Este hecho ha sido denunciado por Derecho a Vivir y cualquiera puede comprobarlo por sí mismo visitando la web de la Clinica Euskalduna, donde se ofrecen los servicios abortistas del senador Lertxundi en una sección en la que el aborto, significativamente, aparece bajo el epígrafe de “anticonceptivos”:

La organización Derecho a Vivir se acogerá al «derecho de petición» para solicitar que Lertxundi no participe en la votación por tener «intereses directos en la industria abortista». Un solo voto podría acabar decidiendo la ajustada votación en el Senado.

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