Entre las tres o cuatro catástrofes y escándalos diarios, los volcanes o los rusos, muchas cosas que en otras circunstancias serían noticias importantes pasan casi desapercibidas. Así, por ejemplo, el Congreso está debatiendo un decreto del gobierno de Pedro Sánchez por el que se va a reformar significativamente el SAREB, el “banco malo” que se quedó con los activos tóxicos de las cajas de ahorros y algunos bancos, del que es accionista el estado, y que nos ha dejado un agujero de varias decenas de miles de millones de euros.
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La situación actual del SAREB es que el estado no llega por un poco al 50% de participación. De lo que se trataría ahora es de que el estado se haga con el 100% para tener la entidad totalmente bajo control, de hecho asistimos a una nacionalización. Eso sí, el estado pagaría una cantidad simbólica por el 55% que no controla, ya que en el origen del problema se encuentra el hecho de que la entidad no vale nada. O lo que es peor, las cuentas salen en negativo. Al cierre de 2020, el ‘banco malo’ contaba con un patrimonio neto negativo de 10.500 millones de euros más otros casi 35.000 millones en deuda, que por supuesto no cubren los activos. El control lo puede tener el estado o no, pero quienes van a tener seguro las pérdidas son los ciudadanos del estado español. Si algo se comprobó en la crisis financiera de 2007 es que arriesgando el dinero propio las cosas pueden salir mal, pero arriesgando el dinero de los demás las cosas no pueden salir bien. Así fue como llegamos aquí.
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En relación con lo anterior interesa recalcar que, contra lo que suele repetirse en los medios, quienes crearon el agujero y traspasaron sus activos tóxicos al SAREB (y por tanto al estado, ergo a todos nosotros) no fueron los bancos sino muy mayoritariamente las cajas de ahorros. Según la propia web de SAREB, por ejemplo, BFA-Bankia, con el 61%, es la entidad que dejó una mayor participación en la deuda senior, seguida de Catalunya Banc y NCG Banco-Banco Gallego, con un 18% y un 16%, respectivamente. La participación de Banco de Valencia se sitúa en el 5%. A su vez, no olvidemos que Bankia surge como una barca salvavidas agujereada que agrupaba a Caja Madrid, Bancaja, la Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja. Puestos a recordar, cabría recordar hasta que Pedro Sánchez fue consejero de Caja Madrid antes de que Caja Madrid terminara en la escombrera de Bankia.
Todo esto no sucede por nada, sino tras obligar Eurostat a que la deuda de SAREB compute como deuda pública, ya que al final de la deuda del banco malo responde el estado. El truco de que el estado no llegara a controlar el 50% del banco malo no ha colado para siempre en Bruselas. Rubén Manso, diputado en el Congreso y gurú económico de VOX, señalaba precisamente en el debate que está teniendo lugar en el Congreso y al hilo de todas estas cosas que ya en su día había advertido el trampantojo de intentar evitar que la deuda de SAREB, como ha acabado sucediendo, se le imputara como deuda pública al estado español.
Manso denuncia que el Gobierno usa el decreto de entidades de crédito pa… https://t.co/zqtMCoWYYP vía @YouTube
— Rubén Manso Olivar (@rubenmansolivar) February 3, 2022
https://www.españaconfidencial.com/wp-admin/post-new.php
Llegados a este punto deja de tener sentido mantener la ficción y seguir con la representación, por lo que el estado paga una cantidad simbólica por ese 55% que nada vale (menos que nada) y se hace con el 100% del control. Al final lo que tenemos es el resultado de un montón de cajas quebradas que estaban en manos de los políticos, un rescate que con mejor o peor criterio se decidió como mal menor a la quiebra y la desaparición de los ahorros de los impositores, y unas pérdidas de las que que al final se hace cargo el estado, o sea nosotros con nuestros impuestos. Lo irónico al final es que el último capítulo de este drama lo escribe la misma izquierda que tanto criticó la socialización de las pérdidas del sistema financiero y el rescate bancario, aunque ya hemos visto que en el ojo del huracán quien realmente estaba era la banca pública, o como queramos llamar a las cajas de ahorros dirigidas por los políticos o sometidas a su protectorado. Un protectorado que tampoco resultaba muy riguroso en cuanto que las cajas financiaban los proyectos de los políticos, los vigilantes y los vigilados eran los mismos y las posibles fricciones en los engranajes se engrasaban eficazmente con las tarjetas black y las dietas.
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