Hace unos meses escribí un artículo hablando de la crisis carcelaria en Ecuador, y de como esto representaba el inicio de un periodo de anarcotiranía en el que el Estado iba a formalizar su opresión a las clases medias mientras que su ineptitud para proveer seguridad y defender derechos de propiedad, libertad y vida iba a a reconocerse expresamente.
El día en que esto ha ocurrido ya ha llegado, y no es difícil entender las razones por las que esto se ha dado: en Ecuador, así como en España o en EEUU, el Estado tiene poco o ningún interés en proteger a sus ciudadanos, ya que no puede verlos de otra forma que no sea como contribuyentes tributarios a los que los exprime hasta la médula.
En Ecuador, particularmente, las grandes ciudades están hundidas y atrapadas entre el crimen y la violencia, mientras sus cabildos y alcaldes brillan por su ausencia, y la institucionalidad a la que representan se resquebraja en los innumerables casos de corrupción que los envuelven.
En España, las respuestas de las comunidades autónomas y del gobierno en Moncloa ante los desastres naturales que azotan su ultramar inmediato (en Islas Canarias, por ejemplo) dejan mucho que desear, si es que llegan a darse, claro está.
En Estados Unidos, la crisis migratoria llena de haitianos y de centroamericanos sus fronteras meridionales, y la respuesta de los agentes fronterizos termina siendo censurada y diluida por las élites burocráticas de Washington D.C., cuya preocupación principal ha estado en dejar abandonadas a su suerte armas, equipos y provisiones al Talibán en su estruendosa y torpe retirada de tropas de su presencia en Afganistán, donde fracasaron en su intento de exportar y establecer una democracia liberal.
Los Estados modernos parecen a momentos estar compuestos tanto por una clase administrativa y electiva llena de incompetentes funcionales, como por una casta maliciosa, egoista y cínica, para quienes su interés (financiero) propio trasciende hasta la propia seguridad nacional, por no hablar del bien común.
Por alguna razón que desconozco, o que más bien parece volverse difusa entre los formalismos y las farfullas de la política, lo único en lo que se concentra el gobierno parece ser la economía, y dentro de ella, sus aspectos técnicos financieros y tributarios, que se elevan muy por encima de las necesidades de supervivencia de la gente común, que vive al día y muere por la delincuencia.
Tal vez el problema ha estado en creer que la democracia liberal puede resolverlo todo desde el ideologismo de los mercados, que ha hecho hasta de la deliberación misma una negociación de intereses económicos en forma de consensos.
Pero cuando de seguridad nacional hablamos, la economía y los consensos no tienen utilidad más que para cubrir de legitimidad democrática a aquellas decisiones que deben ejecutarse con inmediatez y apremio, ya que de ellas depende la supervivencia de la población, y de la población depende la prosperidad material de la sociedad, y el mantenimiento electoral y tributario de la casta política.
Tal vez también uno puede creer que legisladores y ministros no dan libertad a los agentes de la ley (que son quienes ejercer auténticamente el poder de imperio del Estado mediante coerción y el monopolio de la violencia institucionalizada), ya que ellos, como élite política, ejerce poder como la pinza superior de un sistema jouveneliano, donde la pinza inferior es el lumpen del crimen (o incluso de las volátiles fuerzas de la naturaleza) y su víctima es la clase media.
Yo mismo he hablado con oficiales de las fuerzas del orden y de la seguridad nacional, y tanto para ellos como para mí nos ha parecido sorprendente la falta de interés que se manifiesta desde el Estado y sus funcionarios en la seguridad de su ciudadanía, además de lo limitados que ellos se encuentran en su actuación para poder brindar eficientemente esa seguridad.
Aunque, por supuesto, es fácil pontificar desde la comodidad de los curules y desde las alturas de los palacios de gobierno cuando la gente vive día a día buscando proteger su vida y su escaso patrimonio frente a las implacables fuerzas del crimen y de la naturaleza descontrolada.
Para ellos, todo se soluciona con proyectos y planes de reactivación económica, que terminan haciendo más mal que bien, y que afectan al tejido social de forma incluso más profunda.
Para un Estado que aparentemente tiene como obligación básica y fundamental proteger a sus ciudadanos, ya que ellos forman la base material de su existencia, ciertamente está haciendo un trabajo mediocre, ya que los ha dejado a merced de las adversidades sin ninguna forma de garantizar su supervivencia, mucho menos su bienestat o su prosperidad.
El complejo gnóstico que afecta a nuestros gobernantes hace que crean que ellos son los únicos elegidos e iluminados que entienden como gobernar (cuando en realidad solo cuidan sus propios intereses) y que por eso les debemos una obediencia ciega, incluso ante la incoherencia de sus actos.
Pero supongo que nuestras élites les falta un baño de realidad y entender que no sólo de economía existe la política.