Navarra Suma ha presentado una enmienda a la proposición de ley de modificación de la Ley Foral de Contratos Públicos con el objeto de derogar su disposición adicional decimoquinta, que obliga a las empresas que contraten con las administraciones públicas servicios que conlleven atención al público a formar necesariamente a sus trabajadores en euskera. O sea, que si una empresa quiere acceder a un contrato cualquiera con la administración foral para prestar un servicio, y ese servicio incluye algún tipo de atención al público, la empresa tiene que obligar a sus trabajadores a que aprendan euskera, o contratar trabajadores vascoparlantes en vez de castellanoparlantes, o quedar excluida de los contratos públicos frente a las empresas con vascoparlantes.
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Navarra Suma recuerda que esta obligación “se introdujo en el último momento en 2018 por parte del Gobierno cuatripartito de Barkos”, y que “pretende imponer a los trabajadores de las empresas aprender euskera para poder trabajar con el Gobierno foral y con los Ayuntamientos, independientemente de las zonas de Navarra en la que estas empresas trabajen”.
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La coalición navarra califica de sorprendente, por otro lado, que el PSN, que la pasada legislatura intentó presentar una enmienda para evitar el contenido de esta disposición adicional, buscando adaptarla a la realidad navarra, ahora la haga suya y se coloque en la misma posición que el cuatripartito: “es una muestra más de que el PSN está absolutamente entregado al nacionalismo a cambio de la presidencia del Gobierno”.
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El hecho es que hay una buena razón para que en el ahora pentapartito no haya la más mínima tensión interna. Lo único que ha hecho el PSN es ocupar las sillas, pero las políticas nacionalistas del gobierno de Chivite siguen siendo exactamente las mismas que las del gobierno de Barcos.
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