A la debilidad del sector del ladrillo se suma la debilidad de las entidades financieras. El diario El Economista se atreve a hablar de un primer tsunami inmobiliario entre finales del 2007 y principios del 2008. Las empresas menos solventes del sector fueron barridas. El segundo tsunami se produjo a la vuelta del verano y hasta principios del 2009. La ola se llevó por delante a un nuevo grupo de empresas. Tras esta segunda ola se produjo una momentánea calma gracias a la inyección de liquidez de los bancos mediante el cambio de activos por deuda. Una vez que las entidades financieras entendieron que la actividad inmobiliaria se encontraba paralizada y que las empresas del sector no podrían recuperar sus créditos en tiempo y forma, refinanciaron con las inmobiliarias el pago de la deuda. Se trataba de conceder un plazo (que entonces se pensó que podía durar dos años) hasta que recuperara el pulso la actividad inmobiliaria. En ese proceso de refinanciación las inmobiliarias canjearon deuda por activos, recortando gastos y reduciendo su actividad al mínimo. Con carácter general, entre las supervivientes, puede hablarse de una auténtica “hibernación” de las empresas inmobiliarias.
El tercer tsunami.
El problema es que, una vez cumplido el plazo, las cápsulas de hibernación se han abierto pero la situación del sector no ha mejorado. Por otro lado, según cita El Economista a la Asociación Hipotecaria española (AHE), la banca tiene concedidos créditos garantizados con activos “tóxicos” por valor de entre 75.000 y 100.000 millones de euros. Sólo este hecho, por sí mismo, limita extraordinariamente ahora el margen de maniobra de los bancos.
Ante este panorama, se espera un tercer tsunami que se lleve por delante a muchas empresas pequeñas y medianas. La tarea de vender un piso sigue siendo casi imposible y ya no sólo por la crisis sino también, al tratar de vender los activos inmobiliarios con los que se ha cargado, por la propia competencia de la banca. Las empresas mejor situadas serán aquellas que al menos puedan obtener alguna renta para cubrir sus gastos con el alquiler de sus inmuebles.
Ecay-Andueza y Construcciones Flores.
Hace poco más de dos meses, tras haber presentado un ERE para la totalidad de su plantilla, era la constructora Ecay-Andueza la que empezó a tramitar su concurso de acreedores en el juzgado mercantil número uno de Pamplona. Tras un año muy duro para Construcciones Flores, una enigmática sociedad inversora inglesa (European Credit PLC) tras la que se especuló que podían estar sus propias entidades acreedoras, se hizo con el 51% del capital de la empresa. Esta operación supuso el paso a la vicepresidencia de Conchita Flores y la entrada en el consejo de administración de la empresa de un equipo de gestión de “emergencias” del que formaban parte Alfonso Arroyo y el mismísimo Fernando Puras. Al parecer, no obstante, Construcciones Flores podría estar a punto de declararse también en concurso de acreedores. Estas suspensiones de pagos podrían entenderse como un anticipo del citado tercer tsunami. Un tsunami que sin embargo, según fuentes navarras del sector, se espera que sea menos destructivo aquí que en otras zonas del resto de España.
3 respuestas
En realidad el concurso es absolutamente cierto. El enigma es que sea para liquidación directamente, o que se ofrezca un convenio a los acreedores. Creo que será lo primero, por el deterioro del crédito de l a concursada, a quien nadie más le va a prestar un duro. Doña Conchita perdió todo su crédito cuando se echó en manos de European Credit PLC, cuyos responsables seguramente responderán de su gestión en via penal y concursal.
Hay querellas en curso contra esa sociedad inversora «inglesa» (con administradores españoles de pésiimas referencias, y no me refiero al Sr Puras, cuya inexplicable prsencia no se puede deber más que a él también lo engañan) y me temo que contra la Sra Flores.
Hombre, teniendo en cuenta que el 95% de los concursos acaban en liquidación, lo del convenio se antoja muy poco enigmático.
Bueno, ya lo tenemos publicado en el Boletín oficial. Parece que no renuncian los concursados a un convenio. Buscarán presionar a loso Bancos ante la opinión pública y los afectados. Lo malo es que los bancos no pueden apostar por la empresa, porque puede terminar algunas promociones vendidas en Valladolid y Santander, pero eso no le va a sacar del concurso… y me temo que lo del «negocio inmobiliario» se ha terminado en España por mucho más que cinco años (que es el plazo máximo de espera). Así que doña Conchita se tendrá que enfrentar a la liquidación, y a la pieza de responsabilidad (ha tardado mucho ás que dos meses en pedir el concurso desde su insolvencia real) a querellas por estafa y alzamiento de bienes…que lo sé de güena tinta. Lo malo lo es que quiebre Flores (que ya de por sí es muy malo) sino el rosario de cadáveres de empresas que va a dejar en la comarca de Pamplona.
Se tendría que arbitrar una especie de fiscalía que obligara a concursar mucho antes a las empresas (el 97% va a liquidación, y eso con una ley que busca ayudar a la supervivencia empresarial; algo estamos haciendo mal, muy mal) y que sometiera a supervisión la administración de las mismas. Cada vez veo más empresarios que tienen empresas, no ya «tocadas» por la crisis, sino verdaderamente muertas para quienes el Concurso no es ninguna solución practica, pues concursen o no, van a perder todo su patrimonio en manos de los acreedores (bueno, de los bancos, el resto no se come una rosca, salvo en algunos casos, los trabajadores.
Nuestro empresario, que lo es de una microempresa en el 99% de los casos, tiene que dar un golpe de timón, y pasar a una gestión mucho más profesional, defensiva de su credito y el deloso toerceros. El fortísimo apalancamiento de muchas empresas, que han enjugado pérdidas no con recursos propios (capital) sino con más deudas (préstamos faciles, peloteo, etc..) las va a llevar a la ruina. Hay que exigir a los empresaprios mejor gestión, mucho mejor.
Y hay que dar unas reglas más sencillas para el mercado laboral, que produzcan SEGURIDAD a la hora de contratar y despedir. El Empresario, que se juega su patrimonio, no tiene la bola de cristal y no sabe si tendrá que despedir al empleado. Y cuando llega esa hora, suele ser en momentos de dificultad económica. Ahora se está primando la demanda del trabajador despedido, con razón o sin ella, para alcanzar los 45 días de indemnización por año, que es una burrada que debilita a las empresas. Lo óptimo seria un despido indemnizado para todos de uno o dos meses días con un máximo de tres o cuatro meses. Y del resto que se haga cargo el INEM a través de prestaciones de desempleo. Nadie se va a quedar bajo un puente porque se abarate el despido.
Esta liberalización redundará en una mayor facilidad para despedir, ciertamente, pero también para contratar. Y eso producirá movilidad, pero también estabilización en el empleo de mucha gente (la joven) que ahora paga con su precariedad, la seguridad de los más viejos con contratos fijos. Lo importante es conseguir, al final, ayudar a genera actividad, disminución del empleo, y acabar con la precariedad de tanta gente.
Cuando se «congela» un mercado por medidas intervencionistas, aun hechas con la mejor intención, se consigue, por una parte, «demonizar» al malvado empresario, que en realidad es un bienhechor social. Y se inmoviliza y atemoriza a la gente, que ve la posibilidad de perder el trabajo, no como un drama sino como una verdadera injuria. Se disuade al empresario de la contratación, porque es imposible calcular el coste qeu el dia de mañana supondrá despedir a un trabajador; se dificulta la gestión de la empresa en crisis, porque introduce costes financieros en el peor momento posible, y la dificultad de la medida retrasa el momento de su adopción por la empresa, que la toma cuando ya es demasiado tarde, la mayor parte de las veces. Hay que liberalizar este mercado, como hubo que liberalizar otros: el de alquileres, congelado durante todo el franquismo y buena parte de la democracia, y el de servicios de telecomunicaciones, etc…