Los embargos de vivienda habitual aumentan un 84,1 por ciento en el primer trimestre

 

 

En un día como hoy en el que sólo se discuten insignificancias como si el presidente del gobierno, a cambio de su silla, les regala a los golpistas unos indultos o una hoja de ruta para un referéndum como en Escocia, puede ser interesante recuperar una noticia de hace unos días tragada por la vorágine informativa o el desinterés de los medios. He aquí la noticia.

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Este es una de esas noticias que debería dejar perplejos a los votantes de los partidos de la oposición, pero mucho más perplejos a los votantes de los partidos en el gobierno. Para empezar, resulta que dos años después de haber echado al PP del poder sigue habiendo desahucios. Pensábamos que habían desaparecido, pero parece que sólo han desaparecido de las portadas de los medios. Los mismos medios que llenaban las portadas de familias desahuciadas en la crisis anterior ahora pasan de puntillas sobre las cifras. Una familia desahuciada debe pensar que cuando gobierna la derecha al menos su caso es noticia, ahora no sólo se les desahucia sino que nadie se entera.

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Para colmo de sorpresas, dos de las tres comunidades con más desahucios son Cataluña y la Comunidad Valenciana, ambas gobernadas por la extrema izquierda. No sólo eso, resulta difícil no recordar ahora que Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, le debe su popularidad -ergo el cargo- a la asociación de su figura con la Plataforma Antidesahucios.

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Las preguntas sobre los datos deberían ser en primer lugar si es que a los líderes de la izquierda, una vez que llegan al poder, les dejan de interesar los desahuciados, o si sencillamente no tienen ni idea de cómo no empeorar las cifras de desahucios. En segundo lugar, la otra pregunta relevante sería si a los propios votantes de la izquierda les importan los desahuciados y noticias como esta cuestionan su voto, o si lo importante no es que te desahucien sino quién te desahucie. Hay que ser tonto para votar a la derecha. Nosotros no dejaremos a nadie atrás, te lo juro por el escudo social.

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