Estado de derecho o indultos

Una de las características del actual gobierno es que todos sus socios son delincuentes, literalmente. El partido asociado que no está directamente liderado por un secuestrador, está liderado vicariamente por un golpista encarcelado por sedición. Seguramente no hay un ejemplo semejante en todo el mundo civilizado y ni siquiera en la propia historia española, salvo que nos remontemos a los prolegómenos de 1936 y a las amnistías de los golpistas del 34. El ministro de Justicia ya va adelantado que esto de tragarnos los indultos de los delitos de los socios del gobierno tenemos que tomárnoslo con naturalidad. No, si al final en 2030 hasta agradeceremos no tener que tragarnos más que gusanos.

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Cuando todo un ministro de Justicia habla ya así de los indultos, parece bastante evidente que la intención del gobierno es indultarlos a todos. O sea, no asumes el desgaste de justificar los indultos para después no gozar de tus 30 monedas de plata, no tiene sentido. Por otro lado, es que si el gobierno quiere mantener sus apoyos, o sea si Sánchez quiere mantener la presidencia, no le queda otra que pagar el correspondiente peaje político, por indigno, vergonzoso, acaso ilegal que sea ese peaje político. Hay quien afirma que el PSOE es un partido necesario para España, un partido de izquierdas de estado, nacional, aunque no se piense como ellos. Cada día que pasa, por el contrario, resulta más complicado seguir manteniendo semejante postulado. Al revés, la pregunta es si el PSOE, con su pasado golpista y revolucionario, no es un partido tóxico para España, la democracia, la convivencia y el estado de derecho, que lleva más de un siglo haciendo de tapón para que realmente surja ese partido nacional de izquierdas que a veces se quiere ver en el PSOE.

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No resultaría fácil exagerar la importancia de que el PSOE indultara a los condenados por el golpe de estado en Cataluña. Por más que se pretenda rebajar la gravedad del asunto sería el final de la Justicia y del estado de derecho. No es admisible que los amigos del gobierno puedan cometer delitos y quedar impunes porque el gobierno los indulta. No puede haber unas leyes para los amigos del gobierno y otras para el resto. En un estado de derecho el gobierno no puede decidir las leyes que se cumplen y las que no, ni quién tiene que cumplirlas y quién no. Indultando a sus amigos por ser sus amigos el gobierno perdería toda legitimidad moral para exigir a los españoles que cumplan las leyes, no digamos para que acepten penas y sanciones.

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Por supuesto el indulto ni siquiera sería una consecuencia del arrepentimiento y el cambio de actitud de sus beneficiarios y de las formaciones que dirigen. Por el contrario, en los debates de TV3 ya se plantea abiertamente la necesidad de que haya muertos para obtener la independencia. Resulta difícil decidir qué es más anormal, si que que se diga semejante cosa en una televisión pública autonómica o que se diga y no pase nada.

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Joan Canadell, el caballero que plantea la necesidad de poner algunos cadáveres sobre la mesa para conseguir la independencia de Cataluña, es diputado de JxCAT. Cuando habla de muertos, sin embargo, seguramente no piensa en que el muerto pueda ser él o acaso su hijo.

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A lo que nos enfrentamos una vez más en este país, sin embargo, es a que no pase un día sin que se anuncie algo que en una situación normal tendría que constituir un terremoto político. Sin embargo, aquí las noticias desequilibrantes son ya rutinarias, se suceden a velocidad de vértigo y además nadie les da demasiada importancia. Cada una de esas noticias, no obstante, son un cartel avisador de que nos falta un poco menos para llegar ya al precipicio, aunque el conductor mantiene el rumbo y pisa el acelerador con ahínco suicida. Ojalá no llegue el día en que nos digan que no podía saberse. Por el contrario, no había ni una señal anterior que nos permitiera pensar que siguiendo por ese camino había alguna manera de no acabar en el precipicio.

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