Pablo Iglesias cree que España no llega a ser una democracia y que es un país donde no existe una normalidad política. Dice esto apoyando las acusaciones del ministro de exteriores ruso, el cual había comparado el encarcelamiento del opositor Navalni con los presos separatistas condenados por sedición.
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En realidad las declaraciones de Pablo Iglesias resultan bastante comprometidas para el propio vicepresidente. Es decir, si España es una dictadura, entonces Pablo Iglesias es el vicepresidente de una dictadura. Y por supuesto Pedro Sánchez es un tirano.
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La afirmación del líder de Podemos tiene otra derivada no menos llamativa. Si España es una dictadura, ¿se puede decir que Pablo Iglesias cobra su sueldo de una dictadura? Y a eso, ¿cómo podemos llamarlo? ¿Dice que se ha comprado un palacete con el dinero que cobra de un régimen que no llega a ser una democracia y se queda tan tranquilo? ¿Paga sus facturas con la opresión de los españoles? ¿Se queda también tan tranquilo su electorado? ¿Se queda tranquilo Pedro Sánchez?
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Todavía podríamos rizar más el rizo preguntándonos si es legítimo usar la violencia contra los regímenes dictatoriales. Más que nada porque cuando Podemos exalta la biografía de determinados personajes violentos los justifica diciendo que luchaban contra tal o cual dictadura, aunque en general no por la libertad sino para sustituirla por otra más afín a sus propios criterios. El caso es que si, en la teoría política del propio Iglesias o muchos de sus socios, es legítimo usar la violencia contra los regímenes que no son democráticos, ¿no está legitimando el vicepresidente la violencia contra sí mismo?
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En espera de que Iglesias o sus electores se aclaren con sus hipocresías y contradicciones, queda asimismo preguntarse si los presus del prusés hubieran preferido tener que enfrentarse al estado ruso en vez de al español. Más que nada porque Puigdemont y Junqueras estarían ahora mismo enterrados en ataúdes de plomo después de haberse comido una tarta de bizcocho y polonio.
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Las declaraciones de Iglesias, por otro lado, llegan en un momento en que se acaba de publicar que España ha descendido del puesto 16 al 22 en el ranking de calidad democrática elaborado por The Economist. O sea, que a lo mejor realmente no podemos decir que el vicepresidente no tiene razón en lo que dice, sino que no tiene razón aún.
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