Por José María Nieto Vigil

¿Es ético mantener en su puesto a un ministro designado como candidato para las próximas elecciones catalanas? ¿Es democráticamente aceptable la utilización partidista del cargo de ministro para hacer campaña electoral? ¿Les parece bien que el estado español pague, con cargo al erario público, su promoción política para encabezar la lista de un partido? Creo que mas allá de lo que pueda establecer la ley como legal –no siempre legítima-, ni es éticamente correcto, ni estéticamente es aceptable.

Ya saben de quien estoy escribiendo, de Luis Salvador Illa Roca, todavía titular de la cartera del ministerio de Sanidad, protagonista de la actualidad informativa durante el ultimo año, no precisamente por la excelencia en la gestión de la pandemia y de la actual campaña de vacunación, menos aún, por haber demostrado como se puede adulterar la verdad edulcorando la mentira. Vamos que este filósofo de cincuenta y cuatro primaveras nos ha mentido deliberadamente, nos ha engañado con las cifras de los fallecidos, todos ellos personas con nombre y apellidos y, sin ningún rubor o sonrojo, pretende impartir cátedra y dar ejemplo de trasparencia y comportamiento ético en la gestión pública. No sé si a ustedes les ha cautivado el personaje, o si les provoca algún tipo de sentimiento de afinidad. A mí, que procuro escuchar y ver, para luego comparar con lo que verdaderamente ocurre, me inspira desconfianza, recelo, duda y rechazo.

En España, desde que se iniciara el romance social comunista, ratificado en forma de coalición gubernamental, mucho ha cambiado el panorama y – me temo-, que mucho más va a seguir cambiando. Desde aquel lejano 14 de enero de 2020, el ejecutivo de nuestro ilustre presidente del Gobierno del Reino de España, Pedro Sánchez, ha protagonizado el inicio de un camino de perdición que tendrá otros tres actos más, uno el ya concluido, los otros, los años que restan por sufrir de la actual XIV Legislatura. Nadie sueñe o fantasee con un adelanto electoral, salvo si la situación es propicia para los socios de gobierno, y no es el caso. Nuestro ínclito jefe de gobierno sabe manejar los tiempos necesarios para poner en práctica su estrategia, para ejecutar sus proyectos, y para controlar el juego político. No importa el cómo, sino el que, no importan los medios, solo los fines. El menudeo practicado en los despachos, el regateo en las negociaciones a puerta cerrada, o el mercadeo en el Parlamento, es habitual, triste, vergonzoso y lamentable. Nada tiene valor, pero todo tiene un precio, y por tanto, todo está en venta y todo se compra. Esto no es ni ético, ni estético.

Una nueva y desconocida forma de gobernar se ha instalado en el palacio de la Moncloa. Un multitudinario gabinete, copresidido por Pedro y Pablo, despachan alegremente decretos con rango de ley, órdenes ministeriales y proyectos de leyes orgánicas a tutiplén. En nuestra reciente historia democrática, jamás había ocurrido tan febril labor legislativa a cargo de un poder ejecutivo.

A esta forma de intervenir en la vida política se llama presidencialismo, más propia de una república que de una monarquía parlamentaria. Es decir, el jefe de gobierno está actuando con unas capacidades impropias, pues se auto arroga la potestad de representar oficialmente a España, participa del poder ejecutivo y se atribuye funciones legislativas propias del parlamento. Nuestra Patria va teniendo una configuración más de república y, por el contrario, menos de monarquía constitucional y parlamentaria. Acaso ¿No recuerdan los desaires protagonizados por ciertos presidentes autonómicos? ¿No hemos oído los llamamientos a favor de la república proferidos por nuestro vicepresidente segundo del Gobierno de España? ¿Es que olvidamos las permanentes descortesías protocolarias hacia nuestros reyes en las audiencias, recepciones o actos públicos? El camino de perdición al que me refería es el de la III República, por el que ya hemos comenzado a transitar, no les quepa ninguna duda. Se anuncia una Ley Orgánica de la Corona –paralizada por el momento-, pero por la que pelearán los socios y coaligados aposentados en la carrera de san Jerónimo, en la plaza de la Marina, en Moncloa, o en la sede de los secesionistas acantonados en Vitoria y Barcelona. Sánchez necesita a Podemos para recibir la “lealtad” de las familias independentistas y republicanas. Lo sabe y lo saben. Necesitan de sus favores recíprocos para lograr sus metas, sus horizontes de grandeza añorada, y sus sueños gloria secuestrada –según ellos, por descontado-. Comparten ilusiones, planes y proyectos, con un denominador común, modificar el modelo de España existente.

Decía Platón, que en el arte de gobernar, los gobernantes no solamente debían poseer las virtudes socráticas de la prudencia, la fortaleza y la templanza, tenían que ser capaces de conservar y mantener el poder. Pedro Sánchez así lo ha asumido, pero no lo ha querido, ni entender, ni comprender al estilo del sabio de Atenas. Los medios que se emplean se subordinan a los fines últimos, que justifican siempre a aquellos que sean necesarios para su consecución. ¿Es ético? ¿Quizá correcto? No, no tiene nada de virtud democrática y sí mucho de vicio antidemocrático. Para alcanzar, mantener y perpetuarse en la poltrona, aunque ésta sea cómoda, muy grande y más alta que las demás sillas o butacas, no es aceptable, legítimo y lícito emplear las malas artes, el juego sucio, la manipulación, la tergiversación de la verdad, la mentira declarada, o sencillamente, la deslealtad hacia los gobernados. Es inaceptable, inasumible, deleznable y despreciable.

El ejercicio de la actividad política, tanto en vertiente pública como privada, debe entenderse como un servicio al Bien Público, no como una labor lucrativa al servicio de intereses exclusivamente personales y, en el desempeño de la función administrativa pública, con espurios afanes partidistas. Esto no es lícito, legítimo, ético ni moral, por muy legal que pueda presentarse.