La Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Navarra debatió ayer las enmiendas parciales presentadas al proyecto de los Presupuestos Generales de Navarra para 2021. La Comisión examinó enmiendas correspondientes a los presupuestos de los departamentos de Economía y Hacienda; Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia; Cohesión Territorial y Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos; Educación; y Salud. El hecho es que se debatieron 268 enmiendas de las, in voce al margen, 510 presentadas, correspondiendo 242 a Navarra Suma, 61 a Geroa Bai, 55 a PSN, 43 a EH Bildu, 21 a Podemos, 19 a I-E y 40 en diferentes combinaciones partidistas, aprobándose de ellas 147, todas de los cuatro grupos que apoyan al Gobierno y Bildu, por un importe global de 8.236.718 euros.
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La información anterior tiene su intéres porque una vez más pone de manifiesto que las palabras van por un lado y los hechos por otro. O sea, el gobierno presume de hablar con todos, de ser plural, de no aceptar exclusiones y de dialogar con todo el mundo, pero la realidad nos dice una cosa totalmente distinta. Las 242 enmiendas de Navarra Suma se rechazan todas . No se aprueba ni una de ellas. De las 147 enmiendas que se aprueban, todas son de los partidos que apoyan al gobierno. Dirán que Navarra Suma se autoexcluye, por supuesto.
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De entre todas las enmiendas aprobadas, se ha aprobado una enmienda de Bildu por valor de 100.000 euros para ayudas a la producción audiovisual navarra, la cual dice tener el propósito de «reducir la brecha entre las televisiones que emiten en Navarra, dado que una de ellas (Navarra TV) ha sido privilegiada con un convenio específico». Como es obvio la audiencia de Navarra TV es notoriamente superior a la del resto de plataformas que operan en Navarra, la mayor parte de ellas con un marcado sesgo ideológico. Tal vez es por ese sesgo ideológico que no tienen más audiencia, y tal vez es por ese sesgo que Bildu les quiere dar unas subvenciones que por audiencia no se corresponden a las que recibe Navarra TV. La brecha que genera libremente la audiencia navarra la quiere cerrar Bildu con una lluvia de dinero sobre las plataformas afines. O más radicalmente afines.
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Por otro lado, ayer el TSJN condenaba al Ayuntamiento de Pamplona a pagar 50.000 euros a navarra.com por haber excluido a este medio arbitrariamente del reparto de la publicidad institucional en tiempos de Asirón. Esta noticia y la anterior son de algún modo las dos caras de la misma moneda. El dinero público se usa para premiar a los medios afines y castigar a los críticos. El sectarismo más descarado y atroz impera en el reparto del dinero público. Pagamos impuestos para que los partidos que gobiernan se lo gasten en propaganda a su favor. Por otro lado es ingenuo poner dinero público en manos de los políticos y esperar que lo repartan entre los medios sin usarlo para premiar a los suyos y castigar a los otros. Es por ello que urge concienciar al contribuyente de la necesidad de acabar con la publicidad institucional y todas las ayudas a los medios. No sólo para acabar con esta forma de expolio ideológico al contribuyente, sino para liberar a los medios de la dependencia gubernamental, es por eso que NC renuncia como medio a cualquier tipo de subvención a la par que pedimos su supresión.
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Hace unos días Bildu presumía de ser un partido en el que no había habido nunca un caso de corrupción. Es gracioso que presuma de esto un partido que no puede presumir en cambio de no haber tenido nunca un líder condenado por secuestro. Pero es que la noticia anterior también cuestiona que la izquierda abertzale no practique la corrupción. ¿O cómo llamamos a que Bildu use el dinero público para premiar a los medios afines y castigar a los críticos? Eso es usar el dinero de todos para pagar la publicidad particular y las campañas de imagen de un partido. Si no se trata de corrupción en un sentido estrictamente penal, lo es desde luego en un sentido moral.
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En esta acumulación de noticias referidas a Bildu no se puede dejar de mencionar el hecho de que Otegui, el líder de Bildu, vaya a volver a ser juzgado por el caso Bateragune. A Otegui le ha faltado tiempo para presentarse como víctima y declarar que el Supremo intenta criminalizar al independentismo y desestabilizar el escenario político. El socialista Eguiguren ha ido incluso más allá asegurando que “Determinadas partes de la Justicia están en guerra con el Gobierno”. En la misma línea, Podemos declaraba que «la derecha está atrincherada en los tribunales, en los que mantienen unas mayorías antidemocráticas con las que pretende hacer política». Lo que se deduce tanto de las declaraciones de los socialistas como de los podemitas es que la Justicia debe ser un mero reflejo de la mayoría parlamentaria, al servicio de esta, y que por tanto no puede dictar sentencias contrarias al gobierno. Podemos dice que una justicia que pueda dictar una sentencia contra el gobierno es antidemocrática, pero lo cierto es que en eso que quiere Podemos consiste justo la dictadura, en que la justicia no pueda dictar sentencias contra el gobierno. Lo grave de todos modos es que el totalitarismo de Podemos y PSOE no se queda sólo en palabras, precisamente en estos momentos están tratando de imponer una reforma legal que les entregue el control absoluto del CGPJ, claramente se ve que para nombrar jueces que no puedan tomar decisiones en su contra. En cuanto a lo afirmado por Otegui de que el estado español intenta criminalizar a algunos políticos, no confundamos la criminalización de los políticos con la politización de los criminales.
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