La dimisión de Ayerdi

El día en el que el Tribunal Supremo ha abierto una causa penal contra Manu Ayerdi por su gestión del caso Davalor ha llegado. La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha abierto una causa contra el consejero Ayerdi por la posible comisión de sendos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, ante la posible concesión irregular de seis préstamos por valor de 2,6 millones de euros a Davalor.

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Llegados a este punto cabría pensar que al consejero no le queda otro camino que la dimisión, o a Chivite la decisión de cesarlo. No ya sólo por una cuestión de moralidad, ejemplaridad o coherencia, sino porque el artículo 68 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, establece que “En el momento en que un cargo público electo o sujeto a nombramiento de libre designación conozca, de forma fehaciente, que un juzgado o tribunal competente ha adoptado un auto estableciendo su situación procesal de investigado o figura legal equivalente por la presunta comisión de los delitos contemplados en los artículos 404 a 444 o 472 a 509 del Código Penal actualmente vigente, entenderá que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía sobre la vigencia de los principios éticos y con la obligación de preservar el prestigio de las instituciones”.

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A estas alturas, por consiguiente, Manu Ayerdi debería haber ya dejado de un modo u otro su cargo de consejero, pero no es el caso. Por el contrario, el gobierno y los partidos que lo sustentan han cerrado filas en apoyo de Ayerdi y han declarado que Ayerdi no dimitirá más que si el Tribunal Supremo lo convierte en “investigado”.

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Hasta la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del año 2015 al investigado se le denominaba “imputado”, un término que se repetía entonces constantemente en los medios a cuenta de todo tipo de escándalos. La reforma de la ley, como queda expresado en el propio preámbulo de la ley, tuvo por objeto adaptar a los tiempos el lenguaje de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, eliminando la expresión “imputado”, con la que se aludía a la persona sobre la que tan sólo recaen meras sospechas y por ello resultaba investigada, pero respecto de la cual no existían todavía suficientes indicios para que se le atribuyera judicial y formalmente la comisión de un hecho punible. De este modo la ley introdujo los términos “investigado” y “encausado”. El término “investigado” designa a “la persona sometida a investigación por su relación con un delito”, mientras que el término “encausado” designa, a “aquél a quien la autoridad judicial, una vez concluida la instrucción de la causa, imputa formalmente el haber participado en la comisión de un hecho delictivo concreto”.

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La ley por tanto vino a sustituir el término “imputado” por el de “investigado”, reservando el de “encausado” para un momento posterior del proceso en el que sobre el investigado ya recae una acusación formal y concreta. El término investigado coincidiría por tanto con el  usado hasta entonces de imputado y, a todos los efectos de la hemeroteca, a la condición de investigado de Ayerdi habría que aplicarle todo lo que se dijo sobre cualquier caso en el que cualquier político resultaba imputado.

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Ahora que le toca a Ayerdi, cambian la altura del listón

Hablando de imputados y hemerotecas, lo cierto es que Ayerdi lo tiene bastante crudo en este sentido. Recordemos por ejemplo que la oposición exigió en el  Parlamento de Navarra la dimisión de Yolanda Barcina ante la mera posibilidad de que resultara imputada en el Supremo por un requerimiento de la juez Paz Benito, en relación a las famosas dietas de Caja Navarra, cosa que por cierto no sucedió posteriormente ya que el Supremo archivó la causa sin que Barcina llegara nunca a estar imputada. ¿Con qué desenvoltura todas estas formaciones políticas mantienen ahora a Ayerdi en su cargo? Geroa Bai, el partido de Ayerdi, acusaba a Barcina de aferrarse al poder por no dimitir, aún cuando Barcina como decíamos nunca llegó a estar siquiera imputada.

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Podría añadirse que Chivite en este asunto vuelve a mostrar una escasa inteligencia política. Es decir, Ayerdi era una bomba de relojería la cual resulta inconcebible que el PSN volviera a meter en el gobierno como consejero. Ahora la bomba le explota en la cara a Chivite por su falta de criterio, mostrando a la par que esta falta de inteligencia política el grado de sumisión y debilidad en las negociaciones con sus socios, capaces de meterle semejante regalito en las entrañas del ejecutivo. Recordemos que el PSN en la oposición exigía la responsabilidad política de Ayerdi por el caso Davalor, lo que nos lleva al siguiente punto.

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Es posible que la causa en el Supremo concluya con una condena Ayerdi, empeñado en conceder un préstamo a una empresa que era un clamor que tenía una pinta espantosa, que ya era un cadáver cuando recibió el préstamo de Ayerdi, el cual se empecinó personalmente en conceder no obstante el crédito hasta quizá saltándose los pasos habituales del procedimiento. Pero incluso si la causa no terminara en una condena penal, la responsabilidad política debería determinar el cese inmediato de Ayerdi por su incompetencia, por su lasitud a la hora de jugar con el dinero de todos los contribuyentes navarros. Hace mucho que Ayerdi debería estar fuera del gobierno por su ineptitud y su sordera en este asunto. Lo único que puede determinar el Supremo, de hecho, es si además de torpe e hipócrita es además un delincuente por manejar el dinero público sin la diligencia debida y sin atender a los procedimientos exigidos.

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Por lo demás, una vez más se pone de manifiesto la doble moral de este gobierno y de estos partidos que no son ni los del cambio, ni los de la ética, ni los de la regeneración, sino los de la soberbia, la hipocresía, el embudo, el populismo y la imposición.

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