La Comunidad de Madrid se ha puesto en pie de guerra por la penúltima agresión a su gobierno autonómico. Esto de las comunidades autónomas y la autogestión está muy bien, pero sólo cuando gobiernan las fuerzas de progreso. O sea, Bildu y el resto de sus socios. A este respecto resultan muy llamativas dos de las últimas imposiciones que prepara el nuevo gobierno.
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La primera de estas imposiciones es la lingüística, a través de una imposición más de la Ley Celaá, la cual consagra la inmersión lingüística y la supresión de la educación en español. Una vez más llama la atención la doble vara de medir nacional-progresista. El discurso del nacional-progresismo en Navarra es que todo el que quiera pueda estudiar en euskera. Es más, se reivindica el derecho a vivir en euskera, que no se tenga que utilizar el español para nada si no se quiere, ni en los colegios ni en ningún trato que se tenga con la administración. Sin embargo, cuando el nacionalismo se vuelve predominante prohíbe a los demás que puedan estudiar si quieren en español, ni siquiera un poco en español, no digamos reconocer el derecho a vivir en español.
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La segunda imposición es de tipo fiscal y llegaría a través de una enmienda de ERC a los Presupuestos Generales del Estado. Esta enmienda prevé una cuota estatal para el Impuesto de Patrimonio, de modo que el gobierno central pueda llevar a cabo una armonización fiscal entre todas las comunidades autónomas, por supuesto por arriba, liquidando de hecho su capacidad de autogestión. Eso sí, parece que la CAV y Navarra se libran por su peculiaridad foral. Cataluña no se preocupa porque es justamente la que propone imponer a los demás su fiscalidad, convirtiéndose Rufián y sus escaños en una especie de régimen foral particular.
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Lo que en cualquier caso pone de manifiesto esta pretensión es que las fuerzas que la apoyan son en realidad formaciones absolutamente centralistas. Se supone que creen en la España plural, el régimen autonómico y la descentralización, incluso en un modelo federal, pero al mismo tiempo proponen leyes que impongan una armonización fiscal y educativa absoluta. La capacidad de los territorios de decidir está muy bien, siempre que decidan lo mismo que el gobierno central cuando yo gobierno. La capacidad de decidir de los territorios en contra del gobierno central queda reservada a cuando yo no controlo el gobierno central. Se reconoce antes el derecho a decidir la independencia que el de bajar el impuesto de patrimonio. Seguro que a eso se le pueden poner varios nombres, pero no el de ser defensores de la autogestión o la desecentralización.
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Por otro lado, frente a quienes atacan el sistema foral tachándolo de privilegio, buena parte de la legitimidad se puede sostener estando dispuesto a que todos los territorios de España pudieran tener un equivalente al régimen foral. Ningún navarrista se niega a que el resto de comunidades puedan tener también un régimen de autogestión. Ningún navarrista plantea por tanto el régimen foral como un privilegio, si acepta que cualquiera podría tenerlo. Otra cosa es que no quiera, como no lo quiso el nacionalismo catalán en la Transición. Lo que por el contrario plantean los nacionalistas sí es un privilegio. Ellos defienden poder establecer la fiscalidad que ellos quieran, hasta ahí bien, pero pretenden imponer su fiscalidad a los demás. O sea, que el resto tenga que armonizar obligatoriamente su fiscalidad con la de ellos.
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Eso ya no es un fuero ni un sistema de autogestión. Eso es un privilegio. Eso es una imposición.
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