Vamos a comenzar por una precisión al titular que no era posible por un motivo de extensión: el gobierno de las mentiras y las desinformaciones probadas no puede perseguir las mentiras y las desinformaciones supuestas. Que este gobierno ha mentido, o por lo menos desinformado a lo largo de esta pandemia, es una cuestión fuera de toda duda. Si hubiera existido un órgano dedicado a perseguir las desinformaciones y las mentiras, a quien hubiera tenido que perseguir en primer lugar es al gobierno. Sucede además que las mentiras del gobierno son las más graves y peligrosas, las que por tanto debieran estar más perseguidas y castigadas. Todos recordamos los momentos en que se aconsejaba a la población no dar crédito a otras informaciones que no fueran las procedentes de fuentes oficiales. Esas fuentes que, por ejemplo, recomendaban a la población que desoyera otros consejos y no usara mascarilla.
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Ahora mismo, por ejemplo, el gobierno sigue mintiendo y ofreciendo falsa información, una vez más respecto a un asunto tan sensible como las mascarillas. Las mascarillas siguen sometidas a estas alturas de la pandemia a un IVA del 21% como el que grava los artículos de lujo. La excusa del gobierno todo este tiempo es que no podía bajar el precio de las mascarillas por culpa de una directiva de la Unión Europea. Lo cierto, sin embargo, es que la UE ya desde abril anunció que, dadas las circunstancias, no sancionaría a ningún país que bajara el IVA de las mascarillas. De hecho, nuestra vecina Portugal aplica a las mascarillas un IVA del 6%, Francia del 5,5% e Italia del 0%. Aún a fecha de hoy el gobierno español sigue diciendo que quiere pero no puede bajar el IVA a las mascarillas y que espera una decisión de Bruselas, cuando lo que sucede en Portugal, Francia o Italia desmiente por completo su discurso. La clave son los 1.500 millones que el gobierno recauda a los «ricos» que usan mascarilla y que después dedica, por ejemplo, a aumentar el presupuesto del ministerio de Irene Montero, para que luche contra el color rosa en los juguetes y otras emergencias nacionales.
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Si la principal fuente de bulos y desinformación a lo largo de toda la pandemia ha sido el gobierno, consiguientemente es lógico que la segunda mayor fuente de bulos y desinformación sean los medios y figuras mediáticas gubernamentales. Sin embargo, ¿alguien se imagina al gobierno sancionando y pidiendo cuentas a los medios que le sostienen ante la opinión publica todos los días? ¿Acaso este país no recuerda la hemeroteca con todos los bulos, las desinformaciones y las mentiras de los medios y figurones mediáticos más afines al gobierno?
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Por el contrario, es de temer que la nueva estructura gubernamental dedicada a luchar contra los bulos y la desinformación (lógicamente no se va autodenominar como una oficina de censura) sea realmente una máquina de perseguir solo a medios críticos y por contenidos que pueden no ser mentira, sino simplemente criterios que no coincidan con el gobierno. En este sentido resulta significativo que, cuando se habla de crear un organismo dedicado a luchar contra la desinformación, todos los medios del tipo de los antes citados, que deberían estar aterrados, por el contrario están encantados, o por lo menos callados. Es porque, al igual que nosotros, sospechan que lo que se va a perseguir no es la desinformación, sino la desafección al gobierno. Por eso peso a su hemeroteca ellos pueden estar tan tranquilos y nosotros pese a la nuestra, o precisamente por ella, no.
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