Una vez superada la moción de censura con los votos de todos los partidos menos VOX, el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias nos invita a celebrarlo mediante un estado de alarma permanente que permita el toque de queda indefinido y casi cualquier otra ocurrencia, central o autonómica. Como la prisión permanente revisable, respecto a la que por cierto Podemos y el PSOE están en contra, el estado de alarma permanente no tiene un final previsible. Se nos anuncia una duración hasta mayo, lo cual es un plazo totalmente arbitrario. Decir hasta mayo es decir hasta que yo quiera. En mayo el gobierno puede decir que hasta diciembre.
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Naturalmente este estado de alarma de 6 meses es una invención absolutamente inconstitucional. La Constitución dice claramente que el estado de alarma sólo puede durar un máximo de 15 días pasados los cuales periódicamente se tiene que someter su prórroga a votación en el Congreso.
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Artículo 116
1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes.
2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.
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Si ya el anterior estado de alarma, que en realidad fue un estado de sitio y excepción, seguramente estaba fuera de la legalidad, esta nueva versión semestral del estado de alarma se escapa de toda medida e interpretación. Es posible que el Tribunal Constitucional diga que es legal, pero llegamos a un punto en que si durante el día los magistrados del Constitucional dicen que es de noche hay que pensar que están locos o son unos meros lacayos del gobierno. Llega un punto en que ni el Tribunal Constitucional puede convertir la noche en día. No sin que todos nos demos cuenta de que los tribunales van por un lado y las leyes y el mundo real por otro. Una cosa es interpretar y otra muy distinta asegurar que lo blanco es negro. Pues bien, estamos en ese momento. Piruetas como ésta a la que asistimos ayudan a entender la desesperación de los políticos por nombrar a los magistrados que tienen que juzgar la legalidad de sus actos.
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Todo esto sucede además con el agravante de que ha habido tiempo entre la primera y la segunda ola para haber tomado medidas. En una democracia, si tienes mayoría, puedes cambiar las leyes, pero ni teniendo mayoría puedes saltártelas. De hecho las leyes están tanto para limitar la acción de los gobernados como la de los gobernantes. En realidad las leyes están más para limitar al gobierno que a la ciudadanía. O sea, un gobierno despótico en realidad hace lo que quiere, más que seguir la ley, siquiera una ley despótica: una ley siempre es un freno. Si la ley dice que el gobierno podrá fusilar cada día a 10.000 desafectos, entonces no puede fusilar a 11.000. Un gobierno despótico pude fusilar a cuantos quiera cuando ni siquiera hay límites despóticos marcados por leyes despóticas. Un gobierno que, en vez de cambiar la ley o cumplirla, actúa como si no hubiera ley y como si la ley dijera lo contrario de lo que dice, ya es un gobierno despótico. Quizá todavía no nos fusile, pero como un gobierno dictatorial ya ha decidido que gobierna sin límites.
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Como quien no quiere la cosa, por ejemplo, el Real Decreto que declara el estado de alarma semestral inventado viene a prohibir de hecho el derecho de manifestación. Si quiere usted protestar presente una moción de censura. El estado de alarma semestral inventado es una ensoñación, como un golpe de estado en Cataluña, pero los efectos que impone son sin embargo perfectamente reales. Curiosamente el gobierno sigue diciendo hoy en día que el 8M no fue un error y no tuvo nada que ver con la expansión del coronavirus en España, pero sin embargo en nombre de la lucha contra la expansión del coronavirus prohíbe cualquier manifestación.
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Ni manifestaciones, ni protestas, ni concentraciones, ni mociones de censura… las protestas tendrán que ser en La Sexta
Hay una razón para que el estado de alarma dura 15 días y lo tenga que prorrogar cada 15 días el Congreso y es que es una limitación salvaje de los derechos fundamentales. Se limita a 15 días y se somete a prórroga del Congreso para evitar que el gobierno pueda normalizar una tiranía.
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Ya hemos visto que además este gobierno aprovecha la excepcionalidad para impulsar al máximo su agenda política, desde socavar la libertad educativa a intentar destruir fiscalmente la sanidad y la educación privadas, pasando por la imposición de su memoria histórica unilateral obligatoria y hasta llegar al asalto a la Justicia.
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Que todas las medidas que está decidiendo el gobierno socavan gravemente el estado de derecho y otorgan al gobierno, sin oposición, poderes extraordinarios, inconstitucionales y descontrolados, es un hecho. Lo que está por ver es que a cambio sirvan para controlar la pandemia o salvar la economía. De momento lo que vemos es que la democracia se está disolviendo ante nuestros ojos mientras la ruina nos rodea y la pandemia sigue avanzando. Y a su vez, el avance de la ruina y la pandemia justifican nuevas limitaciones de derechos y nuevos poderes excepcionales para el gobierno.
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