El informe independiente del gobierno foral reconoce que la titularidad pública o privada de las residencias no tuvo relevancia respecto a los contagios y fallecimientos durante el pico de la pandemia. Aunque hay una ligera diferencia a favor de las residencias públicas, no se explica por la titularidad sino por otros factores como su ubicación, el tamaño o el número de visitas.
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La titularidad del centro, público o privado, o el tipo de residentes (autónomos-dependientes) no tuvo incidencia significativa sobre el impacto del coronavirus en las residencias. Tampoco, el disponer de personal médico y o de enfermería fue un elemento de protección. Estas son, entre otras, algunas de las conclusiones más interesantes del informe ‘Auditoría de los centros residenciales en Navarra ante la crisis de la Covid-19’, presentado ayer por la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, la directora gerente de la ANADP, Inés Francés, y el director del Observatorio de la Realidad Social, Luis Campos.
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En los centros analizados residían unas 6.000 personas aproximadamente, de las cuales se estima que unas 2.000 eran personas relativamente autónomas y unas 4.000 tenían necesidad de algún tipo de ayuda para las actividades de la vida diaria. De estas 6.000 personas unas 2.700 estaban en habitaciones individuales y unas 3.300 en habitaciones compartidas. Aproximadamente 5.325 personas se alojaban en residencias de personas mayores y 686 en las residencias de personas con discapacidad. Durante la ola de la pasada primavera resultaron contagiadas 1.474 de esas 6.000 personas. De ellas, fallecieron 437. Se estima por todo ello una tasa de contagios del 25% de las personas residentes, una tasa de fallecimientos del 7% (sumando casos confirmados y con síntomas compatibles no confirmados) y una tasa de letalidad (porcentaje de fallecidos sobre contagiados) cercana al 30%. Un 24,1% de los trabajadores de los centros requirieron baja médica.
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El informe concluye que, pese a que las residencias de titularidad privada han tenido algo mayor incidencia del COVID-19, la titularidad (pública o privada) no influye de manera importante en el impacto de la pandemia en las residencias (el resultado no es estadísticamente significativo). Concretamente, las residencias públicas en general han tenido un menor impacto del COVID-19, el 36% de ellas han tenido algún contagio, frente al 44% de las privadas con lucro y el 50% de las sin lucro. No obstante, al estudiar los datos individualizados se concluiría que estas diferencias no se explican por la titularidad sino por otros factores que sí se han revelado influyentes, específicamente el tamaño de a residencia, las visitas previas en los días anteriores al confinamiento y el lugar o afectación del entorno donde se encontraba la residencia.
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De este modo, el informe concluye que una prevalencia del COVID-19 en la zona básica de salud superior al 3 por mil, una capacidad superior al centenar de plazas y el hecho de que los residentes hubieran recibido numerosas visitas los días previos al estado de alarma son los tres principales factores que explican la mayor incidencia del virus en unos centros u otros.
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Junto a ellos, figuran otros factores como la menor ratio de personal o el uso de EPIS no confiables o artesanales. Por el contrario, como se mencionaba, la titularidad del centro o el tipo de residentes (autónomos-dependientes) no tuvo incidencia significativa. Tampoco, contra lo que pudiera pensarse, el disponer de personal médico y o de enfermería fue un elemento de protección. El informe establece que las tasas de contagio y fallecimiento precisamente fueron más elevadas en centros con médicos o DUE antes de la pandemia (28,5% y 8,4%) frente a los que no los tenían (17,4% y 5,2%), así como en los centros que tenían antes de la pandemia alguno de estos perfiles sanitarios en todos los turnos (31,7% y 9,3%) frente a los que no (17,1% y 5,2%). El informe reconoce que “Se desconoce el elemento que podría interaccionar en esta relación, en principio contraintuitiva”.
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