Si algo caracteriza no ya al actual gobierno, sino a los partidos que lo sustentan, es la repetición constante del discurso en virtud del cual con ellos en el poder nadie quedará atrás, todo el mundo recibirá ayuda, no habrá recortes, se demostrará que es posible una política distinta. En realidad ya se ha demostrado que esa política distinta sólo es posible con el dinero de la UE con el que las hormigas financian a las cigarras, aunque las cigarras se aplaudan y se cuelguen a sí mismas las medallas. No obstante, incluso eso parece que resulta un tanto optimista porque, con ayudas y todo, o en espera de ellas, parece que el escudo social del que presume el gobierno no está llegando a quienes lo están reclamando.
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La voz de alarma la ha dado la Asociación Víctimas del Paro, al denunciar que entre el 5 de junio que se abrió el plazo y el 7 de agosto apenas sólo se han aprobado 3.966 rentas de inclusión de las 750.000 contempladas, menos de un 1%.
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Ante el escándalo generado, el gobierno trató de justificarse ofreciendo algunos datos adicionales, sólo que esos datos no mejoran demasiado el cuadro general y en realidad confirman lo denunciado por la citada asociación.
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Con las cifras aportadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, se observa que hasta el 17 de agosto se ha reconocido el ingreso mínimo vital a 80.000 solicitantes frente a 750.000 solicitudes. Es decir, incluso con estos datos aportados por el gobierno en su defensa sólo se habría reconocido la renta de inclusión a un 10% de los solicitantes. Sin embargo, la denuncia de la Asociación Víctimas del Paro sigue estando fundamentada porque resulta que de esas 80.000 concesiones más de 74.000 corresponden a hogares que venían recibiendo la prestación por hijo a cargo sin discapacidad o con discapacidad menor del 33%, y que automáticamente fueron reconocidos de oficio como beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. Fuera de este colectivo, efectivamente a menos de 6.000 personas se les habría reconocido la prestación.
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El presidente de la Asociación Víctimas del Paro, para explicar la situación, sólo concibe que nos encontremos ante un «problema presupuestario» y a una falta de personal en la Seguridad Social para dar respuesta con más celeridad a las solicitudes: «creemos que es un problema económico. No hay otra explicación, teniendo en cuenta que esas personas no han cobrado siquiera en agosto», ha explicado. “A este ritmo de 4.000 cada dos meses no sé cuanto tardarían en llegar a las 800.000 familias”, lamentó haciendo referencia a los 2,3 millones de personas que el Gobierno estima que podrían beneficiarse de la prestación. A decir verdad la respuesta serían 33 años, asumiendo que lo visto hasta ahora es la velocidad de crucero del “escudo social”.
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