Fueron cuatro días de negociaciones casi constantes e ininterrumpidas, pero al final, un acuerdo se alcanzó: los líderes de la UE acordaron una hoja de ruta para sortear la crisis económica del coronavirus en las recientes horas de [la] mañana, con el paquete etiquetado, de manera predecible, como «histórico» por casi todos los implicados.
Podría ser histórico, pero esto es difícilmente un desarrollo positivo: en cambio, intensificará más aún la integración de la UE en áreas donde una «unión alguna vez mayor» es algo sin sentido; también pondrá en peligro la salud fiscal de Europa, con un extra de 1’8 billones de euros cuyo gasto se ha programado desde este año hasta 2027; y ciertamente no hará ningún bien a la unidad dentro del bloque, con un conflicto norte-sur que se ha expandido drásticamente en las últimas semanas.
Un programa de fondos en esta escala estaba ya en proyecto desde que las repercusiones económicas del COVID-19 estaban claras. Las estacas son lo suficientemente obvias, con una estimación de contracción de la economía europea de un 8’3% este año. Así, venida la lógica, Brusela necesitaría hacer más que nunca para poner de nuevo en marcha la economía del continente. Angela Merkel y Emmanuel Macron apostaron, inicialmente, por un mero fondo de 500 millardos de euros, solo para queda boquiabiertos ante la Comisión Europea, que pensó que mejor aumentar la cantidad a los 750 millardos.
En los planes originales de la Comisión, 500 millardos serían emitidos como «fondos» no reembolsables -principalmente a España e Italia- con los 250 mil millones restantes como préstamos. Todo el dinero, fueran ayudas o préstamos, serán provistos por la Comisión Europea, expidiendo bonos en los mercados financieros. Muchos observadores vieron esto (correctamente) como una vía indirecta de implementación completa de la colectivización de la deuda.
Es justo decir que esto no irá bien con todos los Estados-miembro. Los llamados «Cuatro Frugales» de Países Bajos, Austria, Suecia y Dinamarca argumentaron que una crisis no era una razón para olvidar la responsabilidad fiscal o acelerarse por medio de políticas erróneamente concebidas.
En el encuentro de [ese] fin de semana, los «Frugales» (ahora 5 tras la adición de Finlandia) se rebelaron una vez más contra la troika de Merkel, Macron y Bruselas, que tuvo un apoyo entusiasta de los países receptores en el sur. El italiano Giuseppe Conte acusó a los Frugales de chantajear a Europa, el polaco Mateusz Morawiecki les llamó «miserables» y el búlgaro Boyko Borisov les acusó de querer convertirse en «la policía de Europa», manteniendo a otros Estados-miembro como rehenes. No importa, por supuesto, que fueran los países escépticos los que pagarían una cantidad de dinero desproporcionada y verían muy poco en retorno.
El húngaro Viktor Orbán atacó en particular al Primer Ministro neerlandés Mark Rutte, el líder rebelde de facto, por querer implementar un «mecanismo de Estado de Derecho» que impediría el envío de fondos a gobiernos que, como el de Orbán, tienen tendencias autoritarias o autocráticas. Orbán pareció estar confundido en el porqué del «odio» de Rutte hacia él y Hungría. Incluso le comparó, en cierto punto, con la policía de la era comunista.
Y, sin embargo, por toda esta tempestuosa guerra de palabras, y mientras que los frugales marcaban algunas victorias, las propuestas originales de la Comisión permanecieron, en gran medida, intactas.
La UE, como parte del Fondo de Recuperación, derrochará los 750 millardos de euros previstos en los próximos años para impulsar a las economías más afectadas. Solo 390 millardos de este fondo serán ahora ayudas, por ejemplo, obsequios gratuitos del Norte al Sur, en vez de 500 mil millones. Esto es aún un gran disgusto para Rutte y sus aliados, quienes prometieron, tan solo semanas antes, que no estarían de acuerdo con ninguna ayuda, de ninguna manera. Peor aún, mientras que hay algo de incertidumbre sobre el «mecanismo del Estado de Derecho», ese particular puede haberse evitado, con ambos gobiernos, el polaco y el húngaro, capaces de clamar en alto su victoria.
El presupuesto multi-anual de la UE, que se ejecutará desde 2021 hasta 2027, es ahora próximo al tamaño que los «frugales» argumentaron que era inaceptable en febrero, antes de que la pandemia empezara realmente a incidir. Incluso los fondos de la Política Agraria Comunitaria serán incrementados, por razones de «desarrollo regional». Finalmente, y tal vez más de manera más preocupante, los Estados-miembro de la UE parece que acuerdan que Bruselas debe recibir nuevos «recursos propios» para financiar el presupuesto, incluyendo un impuesto al plástico, una tasa digital y un gravamen de las transacciones financieras. Esto significa que los ciudadanos de la UE pagarán más impuestos (no es la mejor manera para salir de una crisis), junto a una mayor transferencia de poderes a Bruselas.
Hay algunas noticias positivas para los rebeldes: las rebajas para algunos Estados-miembro podrán tener lugar e incluso aumentar para los países frugales en sí mismos.
Este proceso íntegro muestra las limitaciones de lo que los países fiscalmente responsables pueden conseguir en la UE. Incapaces de hacer que la unión vaya en una dirección más realista, una basada en la soberanía nacional y el libre mercado, se ven reducidos a impedir los peores sobresaltos del federalismo absoluto, mientras que, de otra forma, darán cabezazos por medio de la expansión de las órdenes de Bruselas y ganando pequeñas concesiones para sí mismos. En esos respectos, los Países Bajos han ejercido un rol no muy diferente al del Reino Unido pre-Brexit.
En el largo plazo, esto podría significar que esos otros Estados-miembro del Norte, como con el Reino Unido, crezcan continuamente más, aparte del resto de la UE. Aquí parece haber poco prospecto para una fisura inmediata más que un proceso largo de desgaste a lo largo del tiempo. Visto así, el acuerdo pudo ser un «momento histórico» (el primer paso en un camino que finalmente podría ver una verdadera UE de dos velocidades en el futuro).
