En España, el Ministerio de Hacienda se «reservará el derecho» de disponer de esa proporción de ingresos de las arcas consistoriales municipales que resulte, principalmente, del superávit presupuestario que pudiera darse en algunos casos (este sería el principal «remanente»).

Hablaríamos de un total de cinco mil millones de euros de «libre disposición» por parte de este organismo ministerial, bajo el pretexto de contingencia económica ante la «crisis derivada del coronavirus» (en teoría, estas cuantías dizque «prestadas» serían devueltas en un plazo de diez años).

La semana pasada, la misma Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) dio «luz verde» a esta medida, con el voto en contra de aquellos representantes de la mesa que están vinculados al Partido Popular (PP), a Ciudadanos (C’s) y a Junts per Catalunya (JxC).

De hecho, el que, en teoría, viene a ser el principal partido de la oposición, el PP (ese mismo que pretende salvarle los muebles al dictador Sánchez por medio de la negativa de respaldo a la moción de censura) anuncia que presentará mociones municipales contra esta «confiscación del superávit».

Ahora bien, pese a que no deja de ser cierto lo que se denuncia por parte del teatrillo de ese mismo consenso socialdemócrata, conviene ir más allá del rifirrafe o de la crítica a la medida concreta, porque precisamente hay más problemas en los consistorios municipales.

Descentralización ineficaz e irresponsabilidad financiera

La confiscación que ha copado la actualidad económica de estos primeros días de agosto no es el único escollo que se impone en contra del desarrollo de la política municipal. De hecho, pese a que el ayuntamiento no deja de ser el ente más cercano al vecino, presenta varios problemas.

Para comenzar, lo suyo sería que el consistorio municipal fuera una entidad que se encargase de prestar una serie de servicios (podemos discutir sobre la titularidad de los mismos y valorar el modelo de subcontratación de cierto municipio del Estado norteamericano de Georgia, aunque esto lo dejaremos para otra publicación).

No obstante, en vez de responder, como proveedores de servicios (siguiendo el paradigma político-administrativo planteado por Hans Adam II, Príncipe de Liechtenstein) a una buena descentralización que fuera consonante con el principio de subsidiariedad, se han convertido en una mera capa de la obstrucción estatista.

Los actuales ayuntamientos no tratan de actuar en buena sintonía con los cuerpos intermedios y la sociedad en general. Son entes que contribuyen al estrangulamiento político y económico de las comunidades, empresas, familias e individuos.

A día de hoy, la burocracia municipal resulta un estorbo añadido (no solo en materia de la rígida planificación urbanística y las cuestiones de suelo), aparte de que algunos impuestos municipales también pueden considerarse como parte del expolio fiscal.

A su vez, hablamos de entes tanto asistencialistas-paternalistas como desincentivadores de la iniciativa vecinal. Con el correspondiente interés electoralista, muchos alcaldes participan del endeudicidio, del despilfarro y del engrosamiento de las plantillas municipales.

Luego, cuestiones más propias de la comunidad como pudiera ser la organización de los festejos locales o de cualquier otra actividad cultural (artística, religiosa…) ya no depende tanto del mecenazgo ciudadano y la buena proactividad vecinal, sino del compadreo centralista consistorial.

Por otro lado, no existe una plena autonomía financiera. Los consistorios reciben cuantiosas subvenciones que, principalmente, provienen de las administraciones autonómicas y la eurocracia soviética bruselita.

Respeto del concepto de municipio de acuerdo al principio de subsidiariedad

Ante esta situación, lo que conviene es ir al fondo de la cuestión y reivindicar la autonomía política del municipio, de modo que se cumpla con el principio de subsidiariedad. Eso sí, que recupere competencias usurpadas por entes superiores no ha de generar centralismos a menor escala.

Dicho sea también que, donde se dé el obvio caso por densidad de población y extensión territorial, se permita que los distintos distritos y barrios tengan bastante margen de maniobra (podemos referirnos a ciudades no necesariamente muy grandes; y que sirvan como ejemplo Pamplona, Valladolid y Madrid).

Por lo tanto, al mismo tiempo que se reivindica la fortaleza y libertad de la sociedad frente al dichoso estatismo, hemos de reivindicar la autonomía financiera de los consistorios municipales (criterio foralista), pudiendo ser estos totalmente responsables de sus gastos e ingresos.