El aumento tan significativo de los préstamos ICO (40.000 millones de euros) al que ha procedido la Administración Sánchez, junto a los estímulos a la demanda, son sustancialmente negativos para la economía. ¿Cuál es la razón?
Sencillamente, las grandes crisis económico-financieras dan lugar a oportunidades de transformación productiva a los países afectados. Ahora bien, aquellos países que no las aprovechan acaban con un tejido productivo atrasado con respecto a los territorios que sí han aprovechado estas oportunidades.
Las oportunidades en cuestión son independientes de lo motivos de la crisis, en tanto que se deben a la dramática sustitución de agentes económicos por otros que pueden caracterizarse por un enfoque distinto o por consistir en tecnologías diferentes. Ahora bien, los préstamos ICO previamente mencionados contribuyen a bloquear esta transformación.
Efectos contraproducentes de los préstamos ICO
Estos préstamos constituyen un crédito de precio artificialmente reducido. El precio de la disponibilidad de dinero es uno de los factores que, por el uso de la razón o el de la intuición, influyen en la toma de decisiones empresariales, por lo tanto podemos decir que por un lado modifican la tendencia de las decisiones empresariales.
Por otro lado, estos préstamos baratos posibilitan a las empresas hacer inversiones que de otra forma no serían realizables por no haber disponibilidad de dinero. Estas inversiones, unidas a estímulos de la demanda, pueden causar a la empresa una falsa sensación de rentabilidad del negocio. Al agotarse los estímulos, habría un cambio que, de nuevo, hiciera quebrar a la empresa.
No obstante, también se ha de tener en cuenta que el efecto de esta artificiosa situación no va a haber sido neutro. Las inversiones realizadas por estas empresas pueden haber incurrido en un aumento (o mantenimiento) del precio de cierto bien que se encontrase en estado no ocioso (esto significa que está siendo demandada la cantidad ofertada). Este aumento afectará a empresas que estuvieran trabajando con ese recurso, haciendo que dejen de ser rentables.
Un ejemplo sencillo de esto, es fomentar la compra de ciertos vehículos, “reduciendo” su precio por medio de subvenciones (estímulo de la demanda). Hablamos de una situación tal como que en Madrid aumentase significativamente la venta de estos vehículos, incrementándose la producción en plantas de Valladolid y, en menor medida, en Burgos, Oviedo y Lugo, donde se trabajaría el acero con reducidos márgenes de beneficio dado a ese aumento o mantenimiento del precio (la deflación les acaba obligando a reducir el precio final).
Además de lo explicado, cabe indicar que las nuevas empresas que pudieran haber visto en la deflación una buena oportunidad para lanzar sus proyectos (pese a que el BCE se obceca en impedirlo con el aumento de la masa monetaria hasta un 8’9%) podrían verse afectadas por el aumento (o mantenimiento en un deseable entorno ligeramente deflacionario) dadas esas inversiones centralizadas estatales.
Sin contarlos, estos efectos son ya lo suficientemente adversos. Sí, pese a no haber tenido en cuenta, en este ensayo, las consecuencias negativas de la subida fiscal derivada del coste de estas subvenciones y del porcentaje de impagos de los créditos ICO.
Ante todo esto, lo que debería de hacer el Estado sería reducir su hipertrofia político-administrativa, la presión burocrática, el gasto (subvenciones inclusive), las líneas de crédito oficial y la presión y complejidad fiscal. De este modo, España podría liderar una transformación.
