El presidente del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), durante la presentación del informe “Sanidad Privada. Aportando valor”, ha ofrecido el dato de que el sector privado ha atendido aproximadamente al 20% de los pacientes de COVID-19, una cifra que desmiente por completo las irresponsables e injustas afirmaciones de algunos políticos, asegurando que la sanidad privada se había puesto de lado en esta crisis, y arrojando algunas conclusiones importantes.
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Las cifras desgranadas por Juan Abarca Cidón, el presidente del IDIS, revelan que si la sanidad privada no se hubiera hecho cargo del 20% de los pacientes gran parte de esos pacientes no hubieran podido ser atendidos. O sea, si la sanidad pública no podía atender lo que llegaba, “¿qué hubiera ocurrido de recibir 25.000 pacientes más?», se preguntaba Abarca.
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Otro de los datos interesantes del informe es que la sanidad privada le supone un ahorro a la sanidad pública. Obviamente todos los usuarios de la sanidad privada dejan de ocupar y demandar servicios en la sanidad pública, de no ser así la sanidad pública tendría que aumentar sus recursos humanos y materiales para atender a la población que ya atiende más todos los usuarios de la sanidad privada. Sólo con el mutualismo, la sanidad privada le ahorra a la pública 768 millones de euros. Esta cantidad, como puede leerse en redaccionmedica.com, se produce porque la diferencia entre el gasto per cápita del SNS y la prima de Muface da lugar a esa cifra, que multiplicada por cada uno de los mutualistas (1,8 millones) hace un total de 768 millones de euros de ahorro solo con el mutualismo. Otra forma de leer el dato es que con el mutualismo y gracias a las sanidad privada el SNS se ahorra 427 euros por paciente.
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Por otra parte Marta Villanueva, directora general del IDIS, explicaba que España cuenta con 8,7 millones de asegurados, que sumándolos a los 1,8 millones de mutualistas que escogen la asistencia sanitaria privada, “suponen un total más de 10 millones de personas que descargan de presión asistencial y económica al sistema sanitario público».
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Algunos datos más del informe ponen de manifiesto que el 30,5% de las actividades quirúrgicas las lleva a cabo la sanidad privada o que el 84% por ciento de los mutualistas elige la sanidad privada antes que la pública para recibir atención.
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La pregunta a la vista de todo lo anterior es qué sentido puede tener el querer destruir o perjudicar la sanidad privada. Desde luego las razones para ese deseo se basan en los prejuicios ideológicos y no en los resultados ni en los costes, tampoco en la voluntad de las personas cuando pueden elegir libremente. Quienes pretenden destruir la sanidad privada, tampoco parecen demasiado conscientes o bien del sobrecoste o bien de la pérdida de calidad que le supondría a la sanidad pública tener que hacerse cargo con los mismos recursos de todos los millones de usuarios que recurren el sector privado también en lo sanitario. Por último, está muy bien golpear las cacerolas en reconocimiento a los sanitarios del sector público, pero los sanitarios del sector privado merecen igual reconocimiento.
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