Malestar público ayer entre todas las comunidades autónomas no gobernadas por el PSOE (malestar privado entre las que lo están) ante la decisión del gobierno central de recortar un 50% la partida de políticas activas de empleo, con la que el Ministerio de Trabajo dota anualmente a todos los gobiernos autonómicos. Este recorte excepcional viene amparado sin embargo por el real decreto de medidas laborales recién aprobado para afrontar la crisis desatada del coronavirus, el cual habilita al estado para usar la recaudación de la cuota de formación profesional para hacer frente a otros gastos.
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No es la única medida de alcance anunciada ayer. Debido a las restricciones de la famosa y vituperada “regla de gasto”, aprobada por el PP en 2012, los ayuntamientos son actualmente las entidades más saneadas del estado, por lo que en conjunto disponen de una capacidad de gasto no utilizada de unos 28.000 millones de los que el gobierno central pretende apropiarse ahora para tratar de tapar el abismo que se empieza a abrir bajo sus zapatos.
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A nadie se le escapa que la parada de la economía impuesta por decreto va a tener un impacto inmediato del que poco se habla sobre las cuentas públicas, que literalmente pueden saltar por los aires como si las hubieran dinamitado. Irónicamente, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se disponen a usar un dinero que si se encuentra disponible es sólo gracias a la regla de gasto que tanto han denigrado. No sería raro que ahora presuman de usar ese dinero que si por ellos fuera no existiría para presentarse a sí mismos como los salvadores del pueblo y de los derechos sociales. Aunque ya vemos que el concepto de crear un escudo social de Pablo Iglesias es ir quitando patas a la silla para reforzar el respaldo. Recortando las políticas de empleo, por ejemplo.
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Respecto a estas políticas de empleo, decíamos que Navarra puede perder unos 13 millones de euros ya que el año pasado ingreso del estado algo más de 26 millones por este concepto.
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