Desde hace unos días se viene barajando la posibilidad de que alguien presentara una querella contra el gobierno por la celebración de las marchas del 8M, fácilmente considerables como un acelerador de la propagación del coronavirus cuyas consecuencias vamos pagando estos días. El mismísimo Juan Luis Cebrián, ex-director del diario El País, animaba durante una entrevista a la presentación de una denuncia en este sentido. Pues dicho y hecho, un abogado -parece que a título particular- ha presentado en el Juzgado de Instrucción nº51 de Madrid una denuncia contra el presidente del gobierno y delegados del gobierno de toda España por los delitos de prevaricación administrativa y lesiones imprudentes, al haber autorizado las marchas del 8M.
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La jueza instructora del caso ha pedido al abogado que traslade al Supremo el procedimiento contra el presidente del gobierno (por estar aforado) y a los órganos judiciales correspondientes de cada comunidad los de cada delegado del Gobierno, pero ha rechazado archivar la denuncia y ha iniciado el proceso contra el delegado del gobierno en Madrid sobre el que la juez sí que tiene competencia.
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De la lectura del auto se deduce que la juez tiene interés por averiguar una serie de cuestiones relevantes para delimitar la posible responsabilidad del gobierno y sus delegados. Una de estas cuestiones es si el informe emitido en fecha 2 de marzo de 2020 por el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades, desaconsejando este tipo de eventos masivos, fue remitido oficialmente a España y en qué fecha, a qué autoridades, si se recepcionó oficialmente por la Delegación del Gobierno de Madrid y si se adoptó alguna medida de prevención o si, por el contrario, se indicó al Delegado del Gobierno de Madrid no prohibir la manifestación al margen de cualquier consideración sanitaria. La denuncia invita a pensar cuanto menos que, como consecuencia de ella, al menos puede producirse a través de la Justicia una investigación y una clarificación de lo que pasó, sin descartar que esa investigación y esa clarificación, dependiendo de los resultados y con miles de personas muertas de por medio, pueda acabar redundando en un problema judicial para los acusados.
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A continuación reproducimos íntegramente el auto de la juez dando cauce a la denuncia, aunque omitiendo los datos personales ya que, por absurdo que parezca, el propio auto al final del documento señala que la difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Omitimos por tanto los nombres propios que aparecen en el texto si tal cosa es lo que indica la ley y para no exponernos a la represalia de un gobierno que por un lado tiene superpoderes, y por otro parece poco amante de la crítica y la libertad de expresión.
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