La sociedad pública instrumental de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, como se desprende de la resolución de un recurso presentado ante el presidente de la MCP por el concejal de Pamplona y miembro del Consejo de SCPSA, Fermín Alonso (Navarra Suma), fraccionó ilegalmente el pasado mes de septiembre el contrato del nuevo sistema con tarjetas magnéticas para los contenedores de la Comarca, que superaría los 7,4 millones de euros, lo licitó sin existir estudio de viabilidad alguno, sin modificar la normativa de la propia entidad y excediendo los límites la administración ordinaria.
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Navarra Suma denuncia que “se confirma uno de los mayores escándalos de la legislatura de gobierno de Bildu y el mejor ejemplo de una forma de gestionar que, afortunadamente, al menos en lo que respecta al Ayuntamiento de Pamplona, ha quedado atrás”. Fermín Alonso destacaba que “las ilegalidades de este contrato son de una gravedad extrema y su importancia se ve multiplicada por el gran volumen del contrato ahora anulado, casi 8 millones de euros”.
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El fraccionamiento irregular del contrato permitió eludir los requisitos de publicidad y de procedimiento que establece la Ley Foral de Contratos, así como licitar el contrato sin haber realizado el correspondiente estudio de viabilidad que la Ley Foral de Contratos Públicos exige para todos los que superan los 5 millones euros.
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La concejala María Echávarri, por su parte, ha declarado que “La historia de estos cuatro años en el Ayuntamiento de Pamplona y en la Mancomunidad es un relato de nadería e ilegalidades”, recordando las sentencias contra Asirón en contra de la expulsión de las familias de escuelas infantiles, de cesiones de edificios públicos a colectivos afines, de contrataciones de personal trufadas de amiguismo, de censura o de colocación de la ikurriña a las que ha añadido la anulación del Concurso de los Caídos o último informe de Comptos que recoge hasta 18 irregularidades en sólo un año. También ha recordado las dimisiones de la secretaria y del letrado asesor del Consejo y la contratación de unos servicios jurídicos externos en 2017, “que ya hacían ver la deriva en la que entraba la Mancomunidad y SCPSA en concreto”.
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