La sentencia del «prucés»

Cuando Roma fuerte, la ciudad no tenía murallas. Las murallas son un síntoma de debilidad. Roma se amuralló en el año 271, con las famosas Murallas Aurealianas, ante la amenaza de las invasiones bárbaras. Cuando las legiones eran imbatibles, los bárbaros ni estaban cerca de Roma ni eran una amenaza. Un par de siglos más tarde de levantar las Murallas Aurelianas, sin embargo, hubo que doblarles la altura, lo que por otra parte no impidió que en el 410 se produjera el saqueo de Roma, tras 800 años sin que ningún enemigo hubiera podido pisarla.

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Toda esta digresión sobre Roma viene a cuento en un día como hoy porque no es que el estado sea débil porque apenas contesta a un golpe de estado, sino que los golpistas aparecen cuando el estado se encuentra en un momento de decadencia y debilidad. La muralla y la solidez de las herramientas defensivas del estado no son más que el síntoma del auténtico problema de fondo, el que permite que los enemigos ya estén en la muralla en vez de en un inhóspito páramo belga. Las instituciones y hasta las leyes no pueden funcionar si no funcionan las personas. Algunos siempre dijeron que la crisis económica de 2007 era también, acaso sobre todo, una crisis de valores. No hay sistema ni estado que pueda funcionar bien si las personas que viven bajo él no funcionan bien. Ningún sistema puede sustituir ni compensar la moral y la virtud de las personas. Es posible que ni con personas valientes y virtuosas pueda funcionar un sistema malo, pero con personas débiles y sin virtud no hay sistema por bueno que sea que pueda funcionar bien.

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Uno de los factores que claramente fallan en España es el patriotismo. Casi todo el mundo necesita aferrarse a un sentimiento de pertenencia a un grupo. De hecho nuestra vida es un conjunto de círculos concéntricos compuesto por nuestra pertenencia a grupos de afecto e interés más o menos amplios. Frente al aislamiento absoluto están bien los círculos concéntricos, por si un día te rompes la cadera al resbalar en la bañera. Si el patriotismo español desaparece, aparece otro patriotismo (o aún peor, un nacionalismo) que rellena el hueco y satisface la natural necesidad de pertenencia que casi todo el mundo siente. Peleamos en la muralla porque estamos pensando en si Cataluña se independiza y no en si, a lo mejor, se puede unificar la península ibérica o crear una Unión Hispánica en vez de o además de una Unión Europea. Retrocedemos porque no avanzamos. Cuando uno avanza es el otro el que se tiene que preocupar por si aguantará su muralla.

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Para el nacionalismo, por supuesto, la sentencia de ayer es otra sentencia más que no es justicia, que sólo es represión y venganza. La doctrina nacionalista es que toda sentencia que condena a algo a un nacionalista es injusta, sea un golpista de la Generalidad, un CDR con explosivos, un honorable president con un maletín, un “txabal” de Alsasua o un preso de ETA. Para ellos es simple porque  su medida de la justicia es la impunidad total.

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El resto de los españoles en lo que andamos embarcados es en la discusión de si fue rebelión o fue sedición. La clave, sin embargo, puede que no esté ahí. O sea, a lo mejor es cierto que los hechos encajan mejor en un delito de sedición, el problema es como siempre el cumplimiento de las penas en España, que se quedan en nada, porque se legisla sistemáticamente a favor del delincuente. Y eso que pasa en todos los delitos también sucede en este, aunque ya la sedición es muy grave, gravísima, aunque no tanto como la rebelión. Y es que no existe un delito de golpe de estado como tal. La idea de golpe de estado es una idea que manejamos los ciudadanos pero no es un término jurídico. Un golpe de estado podría revestir la forma tanto de sedición como de rebelión. La clave por consiguiente no es que la sedición sea algo menor o irrelevante, sino que si no se condenaba por rebelión las penas quedaban muy descafeinadas. Lo que necesitamos seguramente de fondo, al margen de esta sentencia concreta, es una revisión general de todo el sistema de penas en España, tanto en lo que respecta a su cuantía como a su filosofía.

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Lo importante, siendo importante, no es tampoco que a éste o aquel le caigan 16 años. Si los golpistas tuvieran que cumplir efectivamente los 16 años que les han caído a algunos, la sentencia seria apropiada. El problema es que con los recovecos y coladeros legales de siempre y con la sentencia que ha emitido el Supremo podrían salir de la cárcel mañana, lo cual no es una forma de hablar ni una exageración de este análisis sino un hecho cierto.

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Encima esto depende en gran parte de la Generalidad y por tanto de los propios golpistas que la controlan. El problema con el separatismo catalán, y no sólo con el catalán, es que controla el poder en Cataluña y usa ese poder para adoctrinar a la población y silenciar e invisibilizar a los catalanes no separatistas. Para quitarles el poder en realidad no hace falta una sentencia, sino aplicar sin complejos el 155 y/o la Ley de Seguridad Nacional. No hace falta una sentencia para empezar a tomar decisiones políticas que son necesarias. No es posible que los gobernantes, por cobardía política, se escondan tras los jueces, que por cobardía jurídica puede que también se escondan tras los políticos. Mas importante que meter a 20 chalados en la cárcel es recuperar el control del estado en Cataluña. Para acabar con el separatismo catalán (y no sólo el catalán) seguramente no hace falta emplear a la policía ni al ejército. Bastaría con dos cosas: que los funcionarios que no cumplan con su deber sepan que pierden su empleo y que el nacionalismo deje de estar financiado con dinero público.

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La sentencia, aunque defendible, resulta sospechosa por la extraordinaria capacidad de modular las condenas que pone en manos de los políticos. Como se decía y proclamaba ayer el diario El País, les da la capacidad de poner en la calle a los condenados mañana mismo. También la de mantenerlos en la cárcel durante bastantes años. Es difícil evitar la sospecha de que, tras la redacción de esta sentencia, el polvo del camino pegado a las togas no viene del gobierno socialista y de los dirigentes más posibilistas de ERC. Ya saben: “El vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino», o “la Justicia no está para favorecer procesos políticos, pero tampoco está para obstaculizarlos”, que decía Conde Pumpido expresando toda una filosofía jurídica correspondiente a los llamados juristas de progreso. Puede que la sentencia de ayer no haya sido inspirada por los principios ni las instancias mencionadas, pero la sentencia en un guante que encaja perfectamente en las manos de aquellas instancias como si la hubieran inspirado por completo.

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La violencia que se vivió ayer en Barcelona, la que podría haber hoy o en cualquier momento, desmiente por otra parte con una cierta claridad algunas de las conclusiones de la sentencia del Supremo. Que hubo violencia en el golpe los propios separatistas lo reconocen, de hecho señalan que la violencia fue brutal e inhumana, tan sólo trasladan la responsabilidad de esa violencia al estado en vez de asumirla ellos, que fueron quienes la provocaron.

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Sin duda la sentencia presenta importantes puntos flacos en partes esenciales de su argumentación, como que hay sedición pero no rebelión porque hubo un ataque al orden público pero no al régimen legal constitucional, o que hubo violencia pero irrelevante porque no fue idónea para materializar la declaración de independencia. Da la impresión de que los magistrados retuercen la realidad para adecuarla a una sentencia más leve y sobre todo más modulable por parte de parte de los políticos, lo que una vez más invita a sospechar de las influencias que estos políticos favorecidos por la sentencia puedan haber tenido en la redacción de la sentencia. Por lo demás está claro que si se puede juzgar un golpe de estado es porque no tuvo éxito y por tanto los medios empleados por los golpistas no fueron idóneos, o el golpe habría triunfado, los tribunales españoles no podrían juzgar a los golpistas y los golpistas quedarían impunes en todo caso: o porque el golpe falló porque los medios no fueron idóneos y hay que absolverlos de rebelión, o porque triunfó y la Justicia española ya no podría caer sobre ellos. La sentencia del Supremo es un win/win para los autores de cualquier delito de rebelión.

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Los golpistas catalanes en ningún momento han ocultado que su plan hacia la independencia es la llamada “vía eslovena”. Lo que con toda probabilidad pretendían por tanto al dar el golpe es crear una situación de hecho ante la que el gobierno español, temiendo hasta dónde podrían llegar las cosas, se atemorizara y no interviniera. De hecho tampoco estuvieron tan lejos los separatistas de acertar con este diagnóstico. Aparentemente sólo tras la aparición del jefe del estado el dubitativo gobierno empezó a reaccionar. Los golpistas infravaloraron al estado español, pero tampoco por mucho. Lo preocupante es que los golpistas a fecha de hoy controlan y conservan todos los resortes de poder de la Generalidad. Teniendo en cuenta que apenas hay estado en Cataluña fuera de la Generalidad, que la Generalidad es un estado dentro del estado y que la sociedad civil catalana se encuentra casi por completo comprada y controlada o alternativamente machacada por la Generalidad, los separatistas tienen en sus manos a fecha de hoy todos los resortes para plantear un nuevo desafío más “idóneo” que el anterior.

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