Tuve la satisfacción de participar, desde mi modesta actividad política en UCD-Navarra, en la transición española del régimen personalista de Franco al democrático actual. Viví con intensidad la batalla política incruenta entre los partidarios de la ruptura con el sistema político anterior y los de la reforma pacífica que pretendía soslayar los evidentes riesgos inherentes a la alternativa anterior. Viví con emoción el acto de generosidad política de todos aquellos procuradores en las Cortes franquistas que se hicieron el haraquiri político al votar la ley 1/1977 para la Reforma política.
Esta ley hizo posible la estrategia genial del preceptor del Rey, y catedrático de Derecho Político, don Torcuato Fernández Miranda, de “ir de la ley a la ley”. Permitió el reto político aceptado por el Presidente Suárez que él mismo reflejó en la figura retórica siguiente: “Se nos pide que cambiemos las cañerías del agua, teniendo que dar agua todos los días… que cambiemos el techo, las paredes, las ventanas del edificio, pero sin que el viento, la nieve o el frío perjudiquen a los habitantes de este edificio”.
Fueron personas militantes de UCD, PSOE, PC, PNV. CiU, PSP y AP, quienes, con sentido de estado, firmaron los pactos de la Moncloa de 1977. Fueron hombres geniales. Los hubo vinculados con el tardofranquismo, con la república de 1936, o simplemente fueron significados profesionales que respondieron a la trascendente llamada política del momento. Los pactos se completaron, para evitar la conflictividad social, con los acuerdos alcanzados por representantes de los sindicatos UGT y CCOO y la organización de empresarios. Todos fueron políticos capaces de redactar, aprobar y ofrecer al pueblo español la Constitución de 1978 para su ratificación por referéndum, como así sucedió.
Para sorpresa de todos los analistas, estos singulares políticos dejaron sin sentido la frase del dictador “todo ha quedado atado, y bien atado”, expresada en el mensaje de final del año 1969.
Han pasado 40 años y en España se han registrado espectaculares resultados en lo político, económico y social. Ahora bien, conviene reconocer que el desarrollo constitucional ha descubierto aspectos claramente mejorables. Seguimos sin aceptar el derecho fundamental de libertad de enseñanza; no distinguimos entre aconfesionalidad y laicidad del Estado; tenemos una ley electoral que produce efectos perversos sobre la representación política; no hemos resuelto con satisfacción la financiación de las CCAA; nos resistimos al principio de igualdad entre las CCAA y no terminamos de ordenar y fijar cabalmente la distribución de competencias y servicios entre el Estado y ellas. En suma, conocemos qué aspectos de la Constitución deberían ser revisados para mejorar la convivencia nacional.
El transcurso del tiempo, por otra parte, ha provocado la aparición de algunos resabios. Se registra deslealtad hacia el texto constitucional que lo transforma en papel mojado. Se cuestiona el principio de soberanía del pueblo español y, en consecuencia, se atenta contra la unidad constitucional de la mano de los partidos secesionistas, que aspiran a romper la solidaridad que cohesiona los territorios que conforman la Nación española. El pacto del Tinell de 2003, firmado entre PSC, ERC y el ICV-EUiA, que permitió el gobierno de la Generalitat de Cataluña, recuperó, de algún modo, el histórico Frente Popular de tan funesto recuerdo político. La ley de Memoria histórica, el “No es No” de Sánchez de 2016 y los acuerdos del éste con secesionistas, populistas y comunistas para ganar la moción de censura contra Rajoy, producen el mismo resultado. Con escaso sentido de estado, algunos relevantes políticos actuales recurren a discursos coyunturales, inconsistentes y relativistas, en los que la mentira se acomoda con gran facilidad.
Por todo ello, es necesario un nuevo pacto político de consenso y convivencia como el de 1978 que tan buenos frutos ha dado a España. Se necesita otra nueva transición que perfile un exitoso camino político para los próximos 40 años.
