El Grupo Municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha pedido que se apliquen a los okupas al menos los mismos controles que, según ha anunciado la concejala de Seguridad, Itziar Gómez (Geroa Bai), se van a realizar en 222 locales de hostelería del centro de la ciudad.
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Los regionalistas han considerado “surrealista y una desfachatez” que la concejala de Seguridad tenga el valor de anunciar en rueda de prensa una campaña de control presencial en bares y restaurantes cuando, desde el inicio del mandato, el Ayuntamiento de Pamplona “ha hecho dejación de funciones y ha permitido a los okupas de distintos edificios desarrollar actividades de hostelería ilegales”.
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La crisis de legitimidad del cuatripartito para exigir a los contribuyentes lo que no exige a ciertos colectivos afines
Los ediles de UPN comparten la necesidad de controlar el cumplimiento de la ley en los locales de hostelería, pero han exigido que se investigue “prioritariamente” a “los okupas del gaztetxe de la calle Artica y al local municipal Antzara de Mendillorri”, que según han denunciado los vecinos de la zona funcionan como bar y producen importantes molestias.
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Inspecciona tú que a mí me da la risa
De hecho, han informado de que, ante las quejas de los vecinos y después de una inspección de Policía Municipal, lo único que hizo la concejala de Geroa Bai fue derivar el caso al Gobierno de Navarra, que obviamente le trasladó que era un asunto del Ayuntamiento, sin que después se haya producido consecuencia alguna para los responsables de la infracción.
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UPN ha subrayado que durante año y medio (y dice Uxue Barcos que la prioridad ha sido siempre la seguridad) se ha permitido que los okupas de Rozalejo mantuvieran un negocio sin cumplir normativa alguna y sin las mínimas condiciones de seguridad e higiene, recordando además que, contra toda evidencia, “incluso la concejala Gómez llegó a repetir en diversas ocasiones en Comisión de Presidencia que no había bar en el edificio”.
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También han lamentado los regionalistas que ahora mismo, mientras se anuncian campañas de control a los hosteleros del centro, se sigue permitiendo que una nave de la calle Artica, en parte municipal, se utilice como local de conciertos, actividades políticas radicales y bar, sin que el Ayuntamiento cumpla con su obligación de control y sin que la Mancomunidad investigue si han realizado conexiones ilegales para obtener suministro de agua gratis.
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La buena noticia es que en mayo los okupas podrán votar, pero también los comerciantes y empleados de los 222 locales del centro que el Ayuntamiento va a poner bajo la lupa. A diferencia del resto de días de la legislatura, ese día y para variar el trato será igual.
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Un comentario
En vez de facilitar la vida a los administrados .. a los clientes y paganos , a los emprendedores ,autónoomos y empresarios a quienes habría que hacerles la ola, se penaliza y criminaliza .
Con un agravante , que en 2019 hay libre movimiento de capitales y la inversión o se mima y se cuida o se va.