Comisión de investigación: crece y crece el escándalo Davalor

Ayer le tocó pasar por la comisión de investigación de DAVALOR a la directora gerente de Sodena, Pilar Irigoien, designada por el cuatripartito al comenzar su mandato, la cual voluntariamente o no agravó con su testimonio las dudas sobre sobre esta inversión “excepcional”.

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El propio Ayerdi confesó en su momento que la inversión de DAVALOR era una operación “atípica”, y la directora gerente de SODENA confirmó ayer que se trató de “una operación excepcional, pero legal”.

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Efectivamente es de temer que la catástrofe de DAVALOR fuera una operación legal, en el sentido de que no hay una ley que proteja a los contribuyentes de un despropósito como el que ha tenido lugar. Por otro lado, si estuviéramos ante una ilegalidad el caso estaría en los tribunales además de o en vez de en una comisión parlamentaria. Se trata por tanto de determinar las responsabilidades políticas, cada vez más claras, a las que pudiera haber lugar.

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Interesa sin embargo detenerse un momento en la reconocida idea de excepcionalidad. No cabe duda a estas alturas de que la decisión de invertir en DAVALOR fue atípica y excepcional. La cuestión es si tiene sentido salirse de la normalidad y del procedimiento común siguiendo un camino atípico y excepcional para obtener sin embargo un resultado calamitoso. Es evidente que en este caso ni Ayerdi ni la directora gerente de SODENA pueden alegar que siguieron un camino atípico y excepcional, pero que los buenos resultados avalan esa decisión extraordinaria. Y es que cuando uno toma caminos atípicos y extraordinarios cosechando un resultado penoso se multiplica su responsabilidad. Si uno se sale de la carretera conocida, se mete en una zona atípica no señalizada, toma un rumbo extraordinario y se cae con el coche por un precipicio, el conductor es más responsable que si hubiera seguido por el camino conocido y señalizado.

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Durante la comparecencia, Ana Beltrán desveló una supuesta conversación que habría tenido lugar a la vuelta de una visita de la Comisión de Desarrollo Económico del Parlamento de Navarra a Terrasa, para visitar las instalaciones del Centro Davalor Research Center. En aquella visita participaron diputados de Geroa Bai, Bildu, Podemos, IE, PSN y PPN. Es decir, representates de todos los partidos menos UPN, según se publicó. Pues bien, al menos algunos de esos diputados se habrían reunido con el vicepresidente Ayerdi y la propia Irigoien para mostrarles su preocupación con DAVALOR (era ya el invierno de 2016), y que al ser preguntada la gerente de SODENA acerca de si concedería un segundo préstamo Irigoien contestó que «como directora de Sodena no daría más préstamos a Davalor», a lo que Ayerdi habría replicado desautorizándola: “Tú no, pero yo, como presidente del Consejo de Administración, tengo la última palabra y decido yo'».

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Irigoien no clarificó demasiado esta conversación y, aunque aseguró que “nadie” le presionó para tomar una decisión, dijo no recordar qué le contestó el vicepresidente cuando ella comentó que no habría más préstamos «en esas circunstancias».

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La conversación resulta lo bastante interesante, más a la vista de los resultados, como para que merezca la pena interrogar al respecto al propio Ayerdi o, en su caso, a los diputados que fueron testigos.

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Cabe recordar una vez más que Irigoien fue nombrada por el nuevo gobierno y no sólo ella, sino que hubo una renovación total del Consejo de SODENA. Interesa este hecho porque el anterior Consejo de SODENA había desaconsejado la inversión en DAVALOR y había emitido un informe contrario, al punto que Sánchez de Muniáin señaló que incluía 13 recomendaciones, 9 de ellas negativas, y que Irigoien incluyo en su propio informe posterior sólo 2 de las positivas, lo que aparte de llamativo indica que conocía el informe negativo. Que Irigoien y el nuevo Consejo de SODENA hubiera sido nombrado al completo por el nuevo ejecutivo, para iniciar “un proceso de reorientación y reflexión estratégica sobre el papel de la sociedad pública como dinamizadora de desarrollo económico en la Comunidad Foral ”, como dijo el Gobierno, también puede suscitar la sospecha de que, aunque Ayerdi no impusiera su decisión explícitamente, realmente no podía esperarse que le llevara la contraria un grupo totalmente elegido y designado por él.

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Por último, la gerente de SODENA negó “rotundamente” conocer que en agosto de 2015 Davalor estuviera en concurso de acreedores. Irigoien señaló que “Si lo hubiéramos conocido, limitaría claramente la concesión de cualquier préstamo”, y “jurídicamente hubiéramos pedido un informe”.

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Todos, menos los encargados de prestar nuestros 2,6 millones, parecían saber lo cadáver que era DAVALOR

Cabe recordar que el socio cofundador de Davalor, Andrés Escudero, declaró hace unos días en esta misma comisión de investigación que , según la ley de concursos, los números de 2014 ya reflejaban que la compañía estaba en quiebra y que, en 2015, DAVALOR era “prácticamente un cadáver empresarial”. Recuérdese además que, aunque posteriormente se salvó la situación, la sociedad D2D, proveedora de DAVALOR, ya solicitó en septiembre de 2015 el concurso de acreedores. Si a todo ello sumamos el informe negativo del anterior consejo de SODENA, la pregunta es: ¿acaso Ayerdi y su nuevo consejo de SODENA eran los únicos que no sabían cuál era la situación de DAVALOR? No ya en un sentido legal de si, formalmente, estaba en concurso o no, sino si estaba muerta en un sentido real y material, como todo el mundo menos Ayerdi y los nombrados por Ayerdi podían ver. ¿Le prestaron 2,6 millones a DAVALOR porque eran los únicos que no se habían enterado de la situación o se los prestaron sabiendo como todos los demás que era un cadáver empresarial? ¿En cuál de los dos escenarios sería menos razonable pedirle a Ayerdi la dimisión?

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