por Javier Garisoain Otero

Presidente de la Comunión Tradicionalista Carlista

He leído la carta abierta que Jaime Ignacio del Burgo, navarro, político experimentado, antiguo carlista, riguroso historiador y constitucionalista convencido ha dirigido hace dos días desde las páginas de Diario de Navarra a Javier Horno, cabeza visible de Vox en Navarra, sobre cuyas espaldas ha caído la difícil papeleta de presentarse ante los navarros de orden con la propuesta voxeadora de eliminar el convenio foral de un plumazo. Jaime Ignacio y Javier, a quienes conozco y respeto, escriben y actúan guiados por un patriotismo, -navarro y español en ambos- que no pongo en duda. Lástima que se vean obligados a hacerlo desde la lógica partitocrática. Del Burgo se queja del antiforalismo de Vox. Hornohace lo que puede, y procura dar largas aportando una dosis de ambigüedad porque algo le dice que las cosas no son tan sencillas.

Del Burgo explica bien la realidad foral del viejo reino, demuestra que el estatus de Navarra no es un capricho ni una rareza injusta sino un derecho territorial heredado, testimonio de un pacto solemne. Por su parte los de Vox reclaman unidad. Y hacen bien, pero se equivocan al exigir uniformidad. Levantar la bandera del centralismo no deja de ser un tic nacionalista y racionalista, de tipo jacobino, paradójicamente más afrancesado que Español. Es una propuesta voluntarista, más típica de movimientos identitarios europeístas que de alguien que se dice defensor de nuestra historia y de nuestras tradiciones. Es estupendo que desde Vox denuncien el derroche de las nuevas taifas, pero eso no justifica que metan al régimen foral en el saco de esos “traidores” que no merecen “la mano de un buen hijo para cerrarle los ojos”. (No, a mí tampoco me gusta demasiado esa especie de maldición gitana que ha puesto de moda Ortega Smith a modo de brindis).

En su favor he de decir que Vox se ha propuesto acabar con el separatismo y su argumento para dinamitar el estado autonómico parece impecable. Si se suprimen las autonomías se terminará el separatismo, piensan. Muerto el perro se acabó la rabia. Y tienen toda la razón, porque autonomía, como sabe cualquier padre -menos al parecer el amigo Jaime Ignacio y sus correligionarios autonomistas del PPSOECIUDEMOS-, es ese conjunto de competencias que poco a poco vamos concediendo a nuestros hijos hasta que llega el momento de su emancipación, la separación, el día de la independencia.

¿Cuál es el problema, a mi modo de ver? Pues que unos y otros están identificando al régimen foral, que es nuestra manera de ser españoles, con el régimen autonómico, que es la manera que tienen los políticos regionales para disponer de su trozo de tarta presupuestaria cuando no de ir preparando una secesión anunciada. Dicho esto, ¿qué necesitaría Javier Horno para convencer a su Consejo Político de que una cosa es el fuero españolísimo (que ójala se extendiera a todas las regiones) y otra muy diferente la autonomía desleal? A lo mejor vendría bien que Jaime Ignacio del Burgo (y todos los políticos de su espectro) le ayudaran a diferenciarlos mejor. Porque a día de hoy, con el “amejoramiento” en la mano, algunos pensamos que el fuero navarro no pasa de ser una autonomía más. Con alguna rareza, pero autonomía al fin y al cabo. Y esto sucede porque la llamada “democratización de las instituciones forales” no sólo no contribuyó a foralizar España sino que disfrazó el régimen foral de lagarterana autonomista. Lo hizo redactando un “Amejoramiento” que no es mas que un estatuto de autonomía regional con algunas pinceladas historicistas. Y lo hizo, entre otras cosas, haciendo tabla rasa de dos dimensiones esenciales en el espíritu foral: el principio de subsidiaridad que limitaba el poder por abajo, que habría evitado la macrocefalia pamplonesa, y que protegía las libertades municipales, sociales, familiares y vecinales. Y el principio cristiano que limitaba el poder por arriba, que habría supuesto un dique contra la perversión moral de las ideologías contemporáneas. El fuero es mucho más que una autonomía rarita tolerada por la Constitución. Es una manera de entender el orden político que fue dinamitada en los años de la Transición y cuya recuperación sería la mejor bandera si de lo que se trata es de presentarse como auténticamente navarro y más español que ninguno.