No pocos tenemos claro que si bien “la cabra Progrez tira al Monte Anti-Hispanidad”, la extrema izquierda es una plena aliada de todos aquellos que son enemigos de la Nación Española (integridad, tradiciones, etc.).

No hay motivos para seguir, a estas alturas, demostrando una ingenuidad injustificable. Como se explica en el evangelio de Mateo, “todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego así que, por sus frutos los conoceréis”. PODEMOS, Izquierda Unida (IU) y compañía lo demuestran día tras día, al mismo tiempo que equiparan España con el franquismo.

Pero es que, recientemente, el diputado malagueño y coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha emitido en una entrevista para Radio Nacional Española (RNE) unas declaraciones que guardan relación con la amenaza golpista nacionalista y separatista que se está dando en Cataluña.

Antes de comenzar, cabe recordar que el ex presidente autonómico catalán Carles Puigdemont ha presentado una querella ante la justicia belga, contra el magistrado Pablo Llarena, instructor de la cauda contra el golpe de Estado en Cataluña. Le acusa de haber vulnerado la presunción de inocencia, con una traducción al francés tergiversada, al cambiar el modo gramatical.

Ante esto, el Consejo del Poder Judicial (CGPJ) cerró filas en favor de Llarena (con la excepción de quien ahora será gerente de la Mutualidad General Judicial, dependiente del Ministerio de Justicia) y el Gobierno de España se negaba a defender al Estado de Derecho español hasta que el partido VOX presentó una querella contra la titular de la cartera ministerial de Justicia.

Así pues, el poder ejecutivo ha contratado los servicios del bufete de abogados bruselense Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirpatrick, con un coste bruto de 544.982€. Pues bien, esto no “le ha resultado nada agradable” al político comunista previamente mencionado, que declaró lo siguiente:

“Se le mete [al magistrado Pablo Llarena] una querella por bocazas y ahora pide amparo al poder político, eso es un problema. Lo que ha hecho el Gobierno ha sido ceder ante un chantaje del sector más conservador que vulnera la independencia judicial”. Así, tal cual, lo dijo a la hora de responder a las preguntas.

En otras palabras, parece que Garzón estaría insinuando que “Llarena se lo ha buscado, que ha de asumir sus responsabilidades”. No debe de preocuparle para nada la campaña de acoso y derribo que está sufriendo este miembro del poder judicial por tan solo servir a España y defender el Imperio de la Ley.

Adicionalmente, pide a la Abogacía del Estado la retirada de los cargos de rebelión y sedición por los que se acusa a los políticos golpistas que están encarcelados por esos hechos imputados. Ha sugerido además que esa acusación se basa en una “interpretación reaccionaria” e, “incluso jueces de fuera de España lo ven como un exceso”.

Las declaraciones evidencian cierto deseo de jugar a la ambigüedad pero, puestos a oponernos a las tipificaciones del desafío al Estado de Derecho establecidas por el Código Penal, ¿qué propone? ¿Que se absuelva a todos esos políticos que han perpetrado un golpe de Estado para intentar consolidar una república nacionalista y socialista?

En cualquier caso, lo que sí es un “exceso” son esos deseos de la izquierda para encarcelar a cualquiera que disienta de la versión izquierdista de la Segunda República y la Guerra Civil. Y bueno, no nos olvidemos de los encarcelamientos de ciudadanos de países como Cuba, Norcorea, Nicaragua y Venezuela por tan solo estar en contra de tiranías colectivistas.

Pero, es más, considera que “colocar lazos amarillos” es un acto-ejercicio de la libertad de expresión en la medida en la que son, por decirlo de alguna manera, una reacción ante lo que él ha considerado como “situación injusta”. Pero no dejan de ser sino una “provocación falaz” ya que nadie está encarcelado por sus ideas en el Reino de España.

Mientras, aquellos que se dedican a retirar estos símbolos como reacción contra un difamador intento de apropiamiento del espacio público por parte del nacional-catalanismo se dedican, según el político comunista, a provocar “crispación” y “polarización”. Sí, cuando la grave brecha social la han abierto los nacionalistas…

Por otro lado, señaló que “el deseo de independencia es legítimo [aunque no es algo que] se puede hacer sin contar con la mitad de la población”. Pero recuerden que esa legitimidad no la apreciarían si la secesión fuera de un territorio perteneciente a un Estado que sometiera a sus ciudadanos al yugo del comunismo o de un individuo.

De hecho, lo legítimo no es crear un nuevo ente coactivo y expansionista a costa de la oposición de la mayoría de catalanes. Ideal en este caso sería permitir a aquellos que no quieren formar parte de la hipotética república catalana separarse de la región de Tractoria. La autodeterminación no es una cuestión de naciones, sean falsas o verdaderas, sino de individuos.

En cualquier caso, por mucha ambigüedad que se quiera poner en práctica, la ciudadanía no piensa dejarse engañar. Las propias palabras de Garzón sugieren que están más alineados, como antiespañoles que son, a los nacional-catalanistas.

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Nota: La imagen que ilustra el artículo tiene titularidad de la agencia EFE.