Cuando el pasado mes de junio Pedro Sánchez tomó la presidencia del gobierno de España, gracias a la extrema izquierda aliada a los regímenes narcocomunista chavista y teocrático ayatolá y los nacionalistas periféricos (entre ellos, golpistas catalanistas y el brazo político de ETA), algunos dudaban de que se estuviera reeditando la fórmula del Frente Popular del 36”.
Precisamente consideraban que era demasiado pronto para emitir alarmas al respecto y que no había que adelantarse. Se remitían a la incertidumbre sobre la composición del poder ejecutivo, la posible convocatoria de elecciones o la posibilidad de que el PSOE fuera consciente de que ciertas concesiones conllevarían su “muerte política”.
Pero algunos no dudábamos de la radicalidad ideológica del actual mandatario ni de sus ambiciones y convicciones. Sabíamos también que no podía gobernar a cualquier precio y que no sería tan ingenuo como para convocar unas elecciones generales anticipadas que pudieran, tan solo, garantizarle una derrota más.
De hecho, el tiempo nos ha ido dando la razón. Comunistas y nacionalistas periféricos gozan, en cierta medida, de aquello de lo que, muy desgraciadamente, no puede disfrutar la ciudadanía española: satisfacción. No se ha traicionado a la izquierda, a diferencia de lo que hizo el PP en su momento con la derecha.
Para comenzar, cabe destacar que la radiotelevisión estatal española está en manos de simpatizantes de Nicolás Maduro y nostálgicos de la extinta Unión Soviética, aparte de dar oportunidades de cooperación a otros enemigos de la Nación Española y corroborar que para nada el ejecutivo de Sánchez dio alguna vez razones para la ingenuidad.
Ciertamente, por errores de votación y dos ausencias en cierto pleno del Congreso de los Diputados, no se ha podido renovar el consejo. Pero Rosa María Mateo, actual administradora única, está en sintonía con estas hordas izquierdistas, y el concurso público se hará en conformidad con las exigencias de la formación política de Pablo Iglesias.
Sí, de la misma de la que se esperaba otra de las políticas puestas sobre la mesa, en materia de vivienda. Se creará un registro de viviendas vacías, en conformidad con unos parámetros fijados por el gobierno de España. En base a ello, podría darse lugar a una expropiación forzosa de las mismas.
Hablamos de un ataque contra la propiedad privada en toda regla, que refuerza esas “medidas sociales” para expropiar inmuebles a desahuciarse o sancionar a entidades bancarias que tuvieran pisos vacíos acumulados, ambas propuestas consideradas en su momento por la Junta de Extremadura, gobernada por Fernández Vara, un neosanchista declarado.
Pero es que también contemplan expropiar inmuebles y bienes eclesiásticos tras haber estado inventariándolos. Hete aquí una medida laicista más, que no será lo único que veamos en este ejecutivo totalmente partidario de la intolerancia religiosa hacia los cristianos mientras que promueve el multiculturalismo favoreciendo a los musulmanes.
Eso sí, sabíamos que la cristianofobia sería mayor con la Administración Sánchez y somos conscientes de que la izquierda es enemiga tanto de Occidente como de la “idea de España”, lo cual les lleva a atentar contra el cristianismo (fundamento cultural de occidente) y la tradición española (mayoritariamente católica).
Por otro lado, conviene alertar de su estrategia para atentar contra la separación de poderes atacando el poder legislativo. El concepto en cuestión, que teorizó el barón de Montesquieu, busca el contrapeso a fin de evitar el abuso de poderes y prevenir degeneraciones autoritarias o totalitarias.
Es más, el bicameralismo bien aplicado sirve para reforzar esos contrapesos (los Estados Unidos son un buen ejemplo de ello). Pues bien, como en el Senado tiene mayoría absoluta el PP, Sánchez e Iglesias han considerado que dicha cámara no podrá vetar medidas que quisiera emprender el gobierno de turno. En este caso, podrán subir impuestos de esa manera.
Eso último lo harán en base a un decreto-ley, una fórmula en la que es líder con respecto a los tres presidentes anteriores (Aznar, Zapatero y Rajoy), igual que para lo contrario que Donald Trump (bajadas de impuestos, eliminación de regulaciones,…) y exhumar el cadáver del dictador Francisco Franco.
El último de estos decretos-ley fue aprobado el pasado 24 de agosto, como un mero “avance” en la aplicación de la estrategia guerracivilista y revisionista de la llamada “Memoria Histórica” (esta es una evidencia de la intención de retornar al 36”, dividiendo a los españoles en buenos izquierdistas y malos derechistas).
Como se puede observar, se refuerza el statu quo izquierdista preservado por el PP durante las legislaturas anteriores. Hablamos de ese mismo partido que se pone de perfil todavía y no parece estar dispuesto a librar adecuadamente la batalla ideológica contra la izquierda. No ganamos nada con una izquierda más radical.
Así pues, no debe caber duda de que, en realidad, España está en peligro por culpa de una coalición de enemigos de la libertad, con individuos que son férreos simpatizantes del totalitarismo comunista. Nuestra libertad y propiedad peligran, ante lo cual, lo más conveniente es reaccionar aguerridamente.
