Nada menos que 307.931 personas trabajan para la Administración en las comunidades autónomas por “libre designación” de su puesto. Es decir, que no se trata de funcionarios ni de personal laboral seleccionado según criterios objetivos. Según un análisis llevado a cabo por La Gaceta de los Negocios, el coste para todos los contribuyentes de los salarios de este personal elegido a dedo es de más de 6.500 millones anuales de euros.
Especialmente significativo resulta que, en la Administración del Estado, el porcentaje de puestos de libre designación represente sólo un 3%. En contraste, el personal de libre designación en Baleares alcanza un escandaloso 35%. Asumiendo que una pequeña parte del personal pueda responder al concepto de cargo de confianza, una diferencia tan abismal parece excluir cualquier explicación funcional al respecto. Más aún teniendo en cuenta las propias diferencias que se perciben entre las propias comunidades autónomas. Así, mientras en el citado caso de las Baleares el personal de libre designación alcanza el 35%, en el de Canarias el 31%, en el de Murcia el 29%, en el de Andalucía el 24%, o en el de la CAV el 23%, en otras comunidades como la nuestra sólo representa el 11%.
Como promedio nacional, este personal que la Gaceta de los Negocios no duda en tildar de “enchufado” representa el 23,1% de los empleados de las Comunidades Autónomas. El otro 65,8% representa a los funcionarios y el 11% a personal que, sin ser funcionario, ha superado para su contratación algún tipo de criterio objetivo.
