Desde la segunda quincena de abril de 2018, Nicaragua es el escenario de múltiples y continuas protestas contra el gobierno del país, presidido por Daniel Ortega, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, una formación política de corte marxista. Esta debe sus orígenes a la Revolución Cubana, que llevó a Fidel Castro a tomar el poder de Cuba.
El quid de este desencadenamiento de protestas fue una batería de medidas basadas en un aumento de la fiscalidad y de las contribuciones, para el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), que a finales de 2017 presentaba un déficit de alrededor de 2’2 mil millones de córdobas (divisa oficial de este país centroamericano). Esto también daría lugar a una rebaja en las pensiones.
Cabe recordar que la deuda pública nicaragüense equivale al 47% del Producto Interior Bruto (PIB), aproximadamente, y tiene un valor de 3’7 millones de dólares. Luego, se ejerce un férreo control ejecutivo que supone un reto para los inversores y los empresarios del país, así como de precios que evalúan económicamente la electricidad, el gas butano y los medicamentos.
Asimismo, según el Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage, un think-tank liberal-conservador estadounidense, no hay una eficiente garantía del derecho a la propiedad privada. El sistema judicial está bastante politizado y hay un elevado nivel de corrupción política, aunque las acusaciones se suelan dirigir a la oposición, con el fin de destruir movimientos disidentes.
Una vez hecha una pequeña introducción contextual, hay que señalar que la cifra de muertos (víctimas de la represión sandinista) supera ya las tres centenas de millar. Mientras, más de 500 disidentes han sido encarcelados, en una de las prisiones más inhumanas de Nicaragua, sin ninguna clase de garantía judicial. Esos sí que son «presos políticos», aunque no digan nada los Rufianes y los podemitas.
Además, el Ministerio Público nicaragüense ha presentado acusaciones contra numerosos jóvenes manifestantes, acusándolos de delitos de terrorismo y crimen organizado, por tan solo levantarse contra un gobierno tiránico y liberticida. A algunos se les ha llegado a acusar también de posesión de armas y de entorpecimiento de servicios públicos.
Aún así, la oposición anuncia que las protestas seguirán. Lo mismo anuncia el Consejo Superior de la Empresa privada, patronal del país. De hecho, incluso una exmilitante sandinista reconoce que «la desobediencia civil más que un derecho es un deber cuando no se cuenta con armas para defenderse de gobiernos represivos».
Por otro lado, en relación a las reacciones de la comunidad internacional, cabe señalar que mientras tiranías como la cubana y la venezuela respaldan a su aliado Ortega, en los Estados Unidos creen que hay que ir más allá de una condena verbal y que por ello han adoptado medidas como la restricción de visas a funcionarios gubernamentales.
En cualquier caso, lo que está claro es que es el férreo intervencionismo estatal, que pisotea las libertades ciudadanas, lo que sí desemboca en caos, aunque algunos prefieran atribuirlo a la ausencia del Estado tal cual lo conocemos. El socialismo no deja de ser un lastre, una amenaza para nuestra libertad, dignidad y prosperidad.
Un comentario
Se está hablando poco de lo que pasa en Nicaragua y es un conflicto que tiende a eternizarse, como el de Venezuela.
El ejercito está comprado por el gobierno y bien pagado, mientras continúe así no habrá una verdadera rebelión que haga caer el régimen. Y es que, este tipo de regimenes tienen que caer mediante un golpe de estado.