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El grupo municipal de UPN en Estella ha denunciado la ocupación ilegal de la planta baja del Hospital Viejo de la ciudad desde el pasado fin de semana y su utilización como nuevo gaztetxe.
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Los regionalistas han criticado la dejación de funciones del alcalde ante la ocupación ilegal de un bien público e histórico situado en el casco viejo de Estella y que forma parte del patrimonio de la localidad. Por ello, han pedido a Koldo Leoz que impida la instalación de los okupas y ponga en marcha las medidas que considere oportunas para evitar semejante apropiación ilegal.
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UPN ha recordado que Leoz apostó en 2016 por trasladar a este espacio la residencia, señalando que el Hospital Viejo cambiaría el concepto de residencia y la fisonomía que ahora se conoce en Santo Domingo, llegándose a habla en una reunión mentenida con el vicepresidente Laparra de crear no una residencia convencional sino un servicio diferente que pudiera aportar un plus a la oferta en la atención geriátrica de Estella.
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Asimismo, los regionalistas han criticado que Bildu esté pretendiendo hacerse con otros bienes e inmuebles cuando no es capaz de dar usos ni proteger los edificios que ya son propiedad municipal.
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La proliferación de okupaciones por parte de colectivos radicales, cuando no se les adjudica directamente el uso del inmueble, pone de manifiesto sin duda la concurrencia de dos fenómenos preocupantes.
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Primero que existe un parque numeroso de inmuebles públicos sin ninguna utilidad apreciable. ¿Tiene sentido la existencia de ese parque? ¿No podría o buscárseles una utilidad real o venderse? Todo ese conjunto de inmuebles no es en definitiva sino dinero del contribuyente desaprovechado, en una coyuntura en la que por otro lado al contribuyente se le exprime a conciencia en busca de mayores recursos.
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Gaztetxes por votos
El segundo elemento de preoocupación es que, a falta de otro fin o en vez de venderlos, el aprovechamiento que les están dando los ayuntamientos del cambio a estos inmuebles es repartirlos entre colectivos afines, tan afines que a veces parecen las juventudes de los partidos que les regalan el uso de los inmuebles. En cualquier caso se trata de utilizar lo que en definitiva es el dinero y el patrimonio de todos en beneficio de un determinado segmento ideológico de la población.
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Podría añadirse además que todo lo que se hace en el interior o hasta en los alrededores de esos locales okupados o irregularmente cedidos se hace en general al margen de la legalidad vigente, de las inspecciones, de la fiscalidad, de los permisos y licencias, de da la regulación laboral o de las normas de seguridad.
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Por último, suele tratarse también de colectivos a menudo problemáticos, molestos para los vecinos, que rebajan el valor de las propiedades circundantes y que, llegado el momento de restaurar la legalidad, el problema desemboca con frecuencia en una batalla campal.
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