A nadie se le escapa que la accesibilidad es un requisito para que muchas personas con y sin discapacidad pueden participar en la vida social y relacionarse con la administración en igualdad de condiciones. Y no solo es un requisito, también es un derecho reconocido por la Convención de las Personas con discapacidad de la ONU, ratificada por España en 2008. Pero parece que es una cuestión de segundo o tercer orden.
El problema lo encontramos cuando la mayoría de las instituciones públicas tienen barreras que impiden esa participación en condiciones de igualdad para todas las personas. Los datos del Instituto Nacional de Estadística son rotundos: el 69% de las personas con discapacidad tienen dificultades de acceso al ocio y la cultura y el 35% para acceder edificios. Un estudio de Eroski consumer de 2012 indica que una de cada tres ciudades españolas sigue sin estar adaptada.
Estas cifras muestran lo mucho que queda por hacer, comenzando por el cumplimiento de la normativa actual. Esta realidad ya la expusimos el pasado 7 de noviembre de 2017, cuando más de 1.600 entidades de COCEMFE estatal nos concentramos en 35 ciudades a la misma hora para reclamar ACCESIBILIDAD YA y el cumplimiento de la Ley 1/2013, que indicaba que para el 4 de diciembre todos los bienes, productos, entornos, procesos y servicios tenían que ser accesibles.
La realidad es que tras 4 años, no se había avanzado ni invertido, ni de manera simbólica, en ninguna comunidad autónoma, tampoco en Navarra. Nos preocupa que se incumpla la normativa vigente en materia de accesibilidad universal y aquí no pase nada.
Ahora nos encontramos ante otra oportunidad importante para dar un impulso a la accesibilidad y la igualdad de oportunidades. El Real Decreto-Ley 1/2018, artículo 2.B 933, recoge la posibilidad de que el superávit de los ayuntamientos y entidades locales pueda destinarse a rehabilitación, reparación y mejora de infraestructuras e inmuebles de servicio público, incluyendo la adaptación de infraestructuras que permitan la accesibilidad universal para personas con discapacidad y personas mayores.
Desde COCEMFE Navarra, Federación que engloba a 16 entidades con más de 5.500 personas asociadas con discapacidad física y orgánica, reclamamos que todos los ayuntamientos navarros y administraciones locales con superávit dediquen como un mínimo un 10% a inversiones sostenibles en accesibilidad universal. De esta forma, nos sumamos a la petición de CERMIN y del conjunto del sector social de la discapacidad -que suma casi a un 10% de la población.
Decepción es lo que vemos cuando el principal ayuntamiento de Navarra, el de Pamplona, con 5 millones de superávit en 2017, decide rechazar esta solicitud y, por tanto, desatender una necesidad de la sociedad navarra: la accesibilidad es fundamental para un 10 % de la población, para un 40 % es necesario y para el 100 % es confortable.
Este 10%, que supondrían 500.000 euros, sería el primer paso para garantizar la accesibilidad de los edificios de titularidad municipal en beneficio de toda la ciudadanía, para que todo el mundo pueda acceder a ellos en condiciones de igualdad. No es mucho, pero es un paso y un gesto hacia la gran parte de la ciudadanía como personas mayores, con discapacidad, movilidad reducida, etc.
Por todo ello, exigimos al Ayuntamiento de Pamplona y al resto de entidades locales, que vuelvan a estudiar la petición de destinar un 10% del superávit hacia la accesibilidad universal para evitar un compromiso perdido, otra oportunidad de hacer una sociedad inclusiva desaprovechada con palabras que se las lleva el viento. Hay oportunidad y medios pero no vemos voluntad.
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Manuel Arellano Armisen. Presidente de COCEMFE NAVARRA (Federación de entidades de personas con discapacidad física y orgánica
