Miguel Sanz anunciaba el lunes un gran pacto, negociado con los socialistas, para desalojar a los violentos de los espacios públicos. El presidente, sin embargo, iba más lejos y anticipaba que el pacto "quitará la careta a muchos partidos que no son capaces de posicionarse en un lugar claro y definido como es el caso de IUN en el tema de Berriozar”. Además proponía una vertiente política del pacto para "evitar acuerdos institucionales” con “organizaciones políticas que no rechazan con contundencia la violencia de ETA y no respaldan a instituciones que forman parte esencial del estado de derecho, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
“Yo no hubiera hecho esas declaraciones”.
El secretario general del PSN, Roberto Jiménez, salió ayer al quite advirtiendo a los partidos políticos que "no se va a conseguir nada con declaraciones altisonantes". Lejos de suscribir el discurso de Sanz, aseguró al respecto que “yo no hubiera hecho esas declaraciones”. Todo apunta, por tanto, a una rebaja sustancial de los objetivos políticos del pacto, de forma que no comprometa al PSN en su política de acuerdos.
La presidenta del Parlamento de Navarra, la socialista Elena Torres, inicialmente había exigido “claridad” frente al terrorismo a la coalición nacionalista. IU acusó a Sanz de “rentabilizar el dolor y el sufrimiento de la violencia terrorista”. Nabai, por boca de Txentxo Jiménez, respondió a Elena Torres que su posición no va a cambiar y que en Nabai no aceptan "imposiciones".
