Entre los estudiosos del derecho, los hay que sostienen que existen una serie de derechos anteriores a cualquier legislación. Cualquier legislación que se precie, de hecho, no haría sino reconocer esos derechos preexistentes. Los seguidores de esta línea de pensamiento, por ejemplo, sostienen que los seres humanos tienen derecho a la vida o a no ser torturados aunque la ley no lo reconozca. Según esta línea de pensamiento, por tanto, las leyes pueden ser justas o injustas. Son injustas, precisamente, cuando vulneran los derechos de las personas. Existiría, de este modo, un derecho natural inherente a todas las personas y anterior a las leyes promulgadas por los estados.
En una línea de pensamiento opuesta se situarían los defensores del derecho positivo. Para ellos, no hay otra fuente del derecho que el poder. No hay leyes justas o injustas. En todo caso puede haber leyes elaboradas por procedimientos democráticos y otras que no. El hombre carece de cualquier derecho hasta que una ley se lo reconoce. Es el positivismo jurídico. Es la línea de pensamiento del ministro Caamaño cuando dice que no existe un derecho a la objeción de conciencia con el aborto. Una afirmación, no obstante, discutible incluso desde el punto de vista del derecho positivo.
¿Son entonces obligatorias las leyes de un gobierno nazi?
Como acabamos de explicar, el positivismo parte de la base de que el hombre carece de cualquier derecho hasta que el estado se lo reconoce. Es la base, por ejemplo, de una ley de plazos. Hay un plazo a partir del cual se establece que la vida humana debe protegerse, y antes del cual el estado la deja desprotegida. Los defensores de la ley de plazos otorgan este poder al estado.
Esta forma de proceder creó un dilema, por ejemplo, a la hora de juzgar a los nazis en el juicio de Nuremberg. La “obediencia debida” fue alegada como excusa por los acusados para justificar las acciones monstruosas que habían cometido. Desde el punto de vista de la legislación positiva de los nazis, sin embargo, aquellas acciones no serían monstruosas y ellos se habrían limitado a cumplir las leyes. El mundo tuvo que preguntarse entonces una vez más el porqué algo puede ser legal, incluso obligatorio, y sin embargo malo o injusto, aunque lo determine un gobierno salido de las urnas como lo fue el de Adolfo Hitler en 1933. Juzgados según sus propias leyes, acaso los nazis no hubieran resultado culpables, ¿pero acaso no había una ley superior a la del estado alemán en virtud de la cual juzgar a los nazis? ¿O acaso las víctimas de los nazis no eran titulares de derechos aunque las leyes nazis no se los reconocieran? Este fue el punto de vista finalmente adoptado por el tribunal de Nuremberg, que no aceptó que la obediencia debida disculpara a los acusados de sus crímenes. Es también la idea inspiradora de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y es que lo justo es algo más de lo que le cabe en el BOE a Zapatero.
